El cineasta Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana han sido los encargados de leer el texto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional al término de la marcha de Madrid, una de las muchas convocadas simultáneamente este sábado en varias ciudades españolas y extranjeras a través de las redes sociales de internet.
Durante la lectura del manifiesto, al que ha seguido un minuto de silencio, los tres han lamentado “las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia” la memoria de las víctimas del franquismo, “desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas”.
Un proceso que, promovido por “organizaciones de extrema derecha” –en referencia a Falange Española de las JONS, Libertad e Identidad y Manos Limpias– podría interpretarse “como una lamentable prueba de la minoría de edad de la democracia española”, lo cual “representa un escándalo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país”.
Se han referido así a la causa abierta por prevaricación contra Garzón en el Tribunal Supremo (TS) al haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.
“Nadie puede siquiera comprender que un estado democrático impute un delito de prevaricación a un juez que ha asumido los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por aplicar en España la doctrina del Derecho Penal Internacional que, hace unos años, le permitió actuar contra crímenes semejantes cometidos en países como Argentina o Chile”, han asegurado.
Por ello, en este sentido, opinaron que “España no puede continuar siendo una excepción para la Justicia española”. Pidió así que el impulso democrático que supuso la aprobación de la Ley de Memoria Histórica se profundice “para impedir que en el futuro se reproduzcan hechos tan vergonzosos como el auto del juez Varela”.
Previamente, Reed Brody, representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch, ha calificado de “irónico, desafortunado e hipócrita” que España no aplique “en su propio país los mismos estándares que en su día sirvieron para perseguir delitos similares cometidos en el extranjero”.
