Jerez

Montero desliga la mortalidad de la industria

La consejera de Salud señala que ?no existen evidencias? que unan factores de riesgo y polo industrial

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La consejera de Salud, María Jesús Montero, reiteró ayer en el Parlamento andaluz que “no existen evidencias” que relacionen los factores de riesgo ambiental con la mortalidad en el Campo de Gibraltar y aludió, de nuevo, a los seis estudios epidemiológicos realizados, en los que “ninguno permite concluir que la mortalidad sea debida o esté relacionada con las industrias establecidas”.

La consejera insistió que la mortalidad en la zona apunta más bien a otro tipo de razones socioeconómicas o de estilos de vida y agregó que existen otros estudios que comparten estas conclusiones.

Así, aludió a un análisis de sobremortalidad en el Campo de Gibraltar elaborado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el que resalta la mortalidad “era anterior a la existencia del polo industrial”.

Igualmente, sostuvo que el Seminario sobre Estudios Epidemiológicos en el Suroeste Español y Zonas Industrializadas de Cádiz y Huelva recoge conclusiones como que el patrón de mortalidad más frecuente entre los hombres de la zona “está asociado al tabaquismo” y coincide con el anterior en que el exceso de mortalidad en el Campo de Gibraltar “es anterior al proceso de industrialización de la zona”.

Este estudio ha sido realizado por diversas instituciones entre las que se encuentran universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Pompeu Fabra o el Centro de Epidemiología Carlos III.

Según la Junta, el Atlas interactivo de mortalidad de Andalucía está actualizado a 2008 y es el único en el mundo que permite tener una visión actualizada de las principales causas de muerte en todos y cada uno de los municipios de la comunidad y su evolución. El análisis de los datos de este documento pone de manifiesto que el exceso de mortalidad puede estar relacionado con factores socioeconómicos o de estilos de vida.

Montero aseguró que el Gobierno andaluz actúa “de forma responsable y rigurosa en el seguimiento de situaciones que puedan afectar a la salud de los ciudadanos por motivos relacionados con la contaminación o la exposición de determinadas sustancias”.

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