El pasado 15 de marzo Abanico Solidario, junto con la Oficina del Derecho a la Vivienda de Málaga conseguía aplazar el lanzamiento Isabel, una madre con un bebé de tres meses cuyo desahucio estaba previsto para el viernes 17; posteriormente, el 24 de marzo se conseguía ‘in extremis’ parar el lanzamiento, aunque se trata en realidad de prolongar la agonía, de Reme y sus dos hijos menores; como la crisis habitacional no se detiene en Málaga, el 10 de abril Abanico Solidario conseguía paralizar dos lanzamientos previstos para el día siguiente, entre ellos, el de María Luisa y sus cinco hijos, el otro, el de José Manuel, enfermo y dependiente; por último, el mismo miércoles de la semana pasada, se vuelve a parar el lanzamiento previsto para un día después de un hombre y sus cinco hijos.
Todo estos casos tienen en común que los logros han sido posible actuando pacíficamente, desde el diálogo y la negociación, pero además, trabajando, como puso en valor para Viva Málaga Paco Álvarez, de Abanico Solidario, en coordinación con la Oficina del Derecho a la Vivienda, potenciando el trabajo de los servicios sociales, con los abogados, con el Instituto Municipal de la Vivienda, y con una buena dosis de incomprensión por parte de los jueces.
Según Álvarez, dialogo, mucho diálogo, y unión de fuerzas, “eso es lo que nos hace fuertes”, aunque, lamenta también que en muchos casos, lo que se hace es posponer lo que sigue siendo inevitable, una “frustración que continua, porque no ha cambiado nada y es el pueblo el que ayuda al pueblo ante la mirada despreocupada de instituciones y algunos políticos o aspirantes a ello”.
Frustración con casos como el vivido al final de la semana pasada donde un propietario no dio ni opción a que una afectada por un lanzamiento encontrará un lugar donde poder meter los pocos enseres personales que pudo recuperar, ya que tampoco se accedió a que quedaran en la vivienda desalojada a la espera de una fecha posterior para recogerlos, porque ese día, Álvarez recuerda que no pudo acudir al encontrarse indispuesto en el Hospital, teléfono en mano, intentando solucionar las cosas.
Desde Abanico Solidario se destaca como ha habido un antes y un después de la protesta realizada en la sede municipal en la que, entre otras peticiones, se puso sobre la mesa la creación de una Unidad Antidesahucios, con recursos y personal suficiente, para evitar los desahucios de familias sin alternativa habitacional; más ayudas al alquiler, con mayor cuantía y que den cobertura a más sectores de la ciudad, para familias, jóvenes, mayores, etc; la creación de un Registro Municipal de Viviendas en Alquiler en el que el Ayuntamiento ayude a las familias a acceder a viviendas con alquileres asequibles; la creación de Oficinas del Derecho a la Vivienda en todos los distritos de la ciudad; el blindaje del suelo municipal para la promoción exclusiva de viviendas sociales y asequibles, y un mayor control y moratoria de licencias de viviendas turísticas.
Según el caso, se ha avanzado más o menos en estas exigencias, pero según Álvarez, sería básico instalar con urgencia unidades en los diferentes distritos de la capital, una medida que sería ejecutada por voluntarios de la asociación, sin coste en personal para el ayuntamiento, y que atiende de manera integral y conoce desde la cercanía y la experiencia como tratar con familias que han caído en la desesperación del lanzamiento.
Porque esa es otra, Álvarez ve fundamental el trabajo de largo recorrido y no solo llegar el día del lanzamiento y dar voces, sino antes, “para que no se viva el drama” en el día señalado y dando continuidad después con un seguimiento a cada caso, a cada familia, que propicie la mejor solución.
De momento, hay compromisos sobre la mesa también por parte municipal, ya que según el representante del colectivo antidesahucios, se precisa más personal, también mas ayudas al alquiler y adaptadas al momento, o avanzar en el registro y la bolsa de vivienda municipales con alquileres asequibles.
Mientras, según Álvarez, también hay cosas que corregir en la toma de decisiones de los jueces, ya que, según destaca, se están produciendo casos donde no se atiende a los informes técnicos de los trabajadores sociales sobre la situación de vulnerabilidad de las familias desahuciadas, de forma que es el propio magistrado quien interpreten dichos informes, poniendo en duda el trabajo de los Asistentes Sociales”. Otra piedra más en el camino.
