regadíos
El consejero ha subrayado que la Ley introduce medidas con las que se podrán revisar dotaciones y dirigir los excedentes de agua allá donde exista más necesidad de este bien, gracias a estos bancos públicos, con el fin de conseguir que todos los usuarios tengan asegurada la suficiente cantidad de agua y con la calidad necesaria para desarrollar su actividad de forma responsable. En este punto, el consejero ha significado la labor de los regantes, ya que es el “sector que mejor conoce desde hace muchos años la escasez de los recursos hídricos y siempre ha sido responsable con su uso, porque de él depende su subsistencia”. Por ello, resaltó la progresiva modernización del regadío, con la utilización de técnicas más eficientes que supongan un ahorro en las dotaciones.
La Ley de Aguas de Andalucía crea la figura de los bancos públicos de agua, introduciendo novedades sobre la normativa de los centros de intercambio de derechos, para posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público y la entrada de nuevos sectores económicos en el tejido productivo andaluz. Díaz Trillo ha abundado en que la entrada de nuevos sectores no será discrecional, sino teniendo en cuenta los los criterios del uso eficiente del recurso, la protección del mismo y el mayor valor añadido en términos de creación de empleo, riqueza, desarrollo y cohesión territorial para Andalucía, siempre que no afecte a los usos concedidos.
Otra de las grandes novedades de la Ley es la regularización de las aguas subterráneas, que se equipararán a las aguas superficiales. La normativa conseguirá que sean los propios usuarios quienes gestionen de manera eficiente las captaciones de acuíferos, para evitar su sobreexplotación.
La Ley apuesta por una gestión colectiva del agua como principal forma para alcanzar una utilización racional de los recursos, tanto de los superficiales como de los subterráneos. Por ello, crea un régimen jurídico propio para las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas -hasta ahora inexistente en lalegislación autonómica- para que sean los propios usuarios quienes gestionen las infraestructuras de captación, transporte y distribución general del recurso, teniendo como ejemplo a las comunidades de regantes de aguas superficiales existentes. Con estas comunidades, la Administración andaluza prevé un sistema de convenios -al igual que con las superficiales- para colaborar en todo aquello que afecte a los intereses generales.
Asimismo, la Ley también impone medidas de control para prevenir la sobreexplotación de los acuíferos. La más significativa es la necesidad de solicitar autorización para los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, que hasta ahora era innecesaria, en aquellos acuíferos que estén sobreexplotados o en riesgo de lagar a esta situación.
Díaz Trillo destacaba que la Ley de Aguas de Andalucía ha sido un hito no sólo parlamemntario y legislativo sino social, económico y medioambiental y que contó con una importante participación siendo una de las leyes que ha contado con un scompañamiento importante de la sociedad andaluza, regantes, organización ciudadana, sindicatos, empresarios, ONGs hicieron posible el pacto andaluz por el agua y de ese acuerdo nació esta Ley, “una Ley participada, querida, hoy estamos es la segunda parte que es aplicarla, ponerla en marcha. Esta jornada con las comunidades de regantes va asubrayar aspectos nuevos de la Ley como es el régimen de concesiones del agua, pues desde hace miles de años el agua es objeto de litigios, de controversias, y con esta Ley queremos que sirva para la prosperidad de tal manera que aquellas antiguas concesiones se democraticen. Esta Ley avanza en las competencias andaluzas, en la democratización, en la participación, en un derecho fundamental como es la gestión, sobre todo para los regantes, de un recurso tan fundamental”.
Por otro lado, lanzó un mensaje a quienes se manifiestan en contra de la nueva Ley: “la agencia del agua va a seguir siendo una agencia pública del agua y por lo tanto, con toda la estabilidad laboral, con todos los derechos para los trabajadores y con mayor capacidad de prestar servicios a la ciudadanía”.
