El documento recoge como propuestas para su aprobación iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, emprender cuantas actuaciones judiciales procedan para instar la nulidad de la Ley de Aguas de Andalucía, solicitando igualmente la suspensión de su aplicación. También solicitar simultáneamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a los artículos 17 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del superior órgano consultivo de la Junta de Andalucía y artículo 63 de su Reglamento Orgánico. Del mismo modo, se iniciará una campaña informativa de concienciación y sensibilización sobre esta nueva ley de la Junta de Andalucía y de sus repercusiones directas en el ciudadano.
Como ya se adelantara el pasado 2 de octubre mediante una nota informativa, el equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción se muestra preocupado por la incidencia que en el precio del agua tendrá la nueva ley.
En la exposición de motivos de la moción que se debatirá se indica que la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, lesiona el principio de autonomía local consagrado en la CE y en la Carta Europea de Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, debido a la aplicación de un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de competencia autonómica.
Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento se entiende que esta ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.
Desde el Grupo Popular municipal se opina que la Junta de Andalucía persigue con esta ley la creación de nuevas figuras tributarias de manera meramente recaudatoria sin priorizar, por ejemplo, en el ahorro del consumo de agua. “A partir de ahora en Andalucía tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depuración (autonómico) y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y tarifa de utilización del agua”, indica el documento.
El primero de ellos debe ser aprobado por los ayuntamientos que lo consideren oportuno para mejorar sus infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en baja. El canon autonómico de depuración, que es el que entra en vigor el día 1 de enero del próximo año, servirá para financiar las depuradoras y colectores supramunicipales que sean declarados obras de interés por la comunidad andaluza.
“La gran novedad es que las pérdidas también tributarán, pero efectivamente lo más importante es que los municipios pierden la posibilidad de desarrollar su suelo y las ayudas para la mejora de infraestructuras de la Junta. Debiendo además redactar y ejecutar un plan de actuación para mejorar el rendimiento. Y por último, el canon de servicios generales que entrará en vigor dentro de un año para financiar los gastos de la administración andaluza del Agua, antigua Agencia Andaluza del Agua, ahora pendiente de creación tras la aprobación del decretazo de reordenación del sector público andaluz”.
“La Ley, sin embargo, no contempla como se van a financiar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte, potabilización y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones. No es lógico entender que este momento, en el que los andaluces están sufriendo las durísimas consecuencias de la crisis, con más de 1.100.000 parados, se pueda apostar por parte de la Junta de Andalucía en incrementar impuestos, en lugar de reducirlos, porque esto atenta de manera muy significativa contra los ciudadanos y contra los sectores productivos de la economía andaluza, de forma especial a la agricultura, a la industria y al turismo, entre otros”.
Se consideramos que este nuevo “impuesto” es doblemente injusto, “porque por un lado afectará claramente a todos los andaluces, pero también gravará más a las clases más desfavorecidas, independientemente de cuáles sean sus ingresos o independientemente de si tiene una vivienda unifamiliar o plurifamiliar, porque a todos los ciudadanos se les cobrará por igual con una cuota fija”.
