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Punta Umbría

La SGAE no emprenderá acciones contra particulares

Sólo emprenderá acciones legales contra estructuras organizadas de infracción masiva. El nuevo programa se sensibiliza con las redes sociales.

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  • Eduardo Bautista -
La Sociedad General de Autores (SGAE) tendrá un código de buenas prácticas, nombrará un defensor del cliente y no emprenderá acciones legales de carácter penal contra usuarios en el ámbito digital, sino solo contra estructuras organizadas “donde el nivel de infracción resulte masivo”.

Estos son tres de los diez “mandamientos” del nuevo programa de la SGAE, que estará en vigor hasta 2014, y que presentó ayer el presidente de su Consejo de Dirección, Eduardo Bautista, en el desayuno informativo del Foro de la Nueva Cultura.

Bautista destacó que la SGAE “está en proceso de cambio” y que este decálogo pretende desplegar la “sensibilidad” de una sociedad nacida hace 111 años con el entorno de las redes sociales.

El presidente de la SGAE aseguró que la entidad reforzará su carácter divulgativo e informativo, e intensificará la transparencia del reparto de las recaudaciones en concepto de derechos de autor con información detallada en su página web y las redes sociales.

Otro de los puntos del decálogo persigue intensificar la distribución de las obras a través de internet, así como la “concienciación” del consumidor.

“La SGAE volcará todos sus esfuerzos en la educación y no realizará acciones legales de carácter penal contra usuarios en el ámbito digital, sino solo contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo”, aseguró Bautista.

Además, propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante “en la litigiosidad que todavía existe”.

También solicitará a la Administración que siga realizando auditorías anuales, al tiempo que se compromete en su programa a reforzar el código de buenas prácticas en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia.

Propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante “en la litigiosidad que todavía existe”.

La Justicia europea considera que la aplicación del canon “no es conforme” al derecho de la UE en el supuesto de que los soportes de reproducción sean adquiridos por empresas.

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