Jerez

Palma pide la financiación del centro de salud de San Enrique y que se eviten los debates electoralistas

El alcalde destaca que las competencias en materia sanitaria y la financiación de la citada construcción corresponden a la Junta

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El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha rechazado entrar en debates políticos con intenciones electoralistas relacionados con la finalización del Centro de Salud de San Enrique de Guadiaro.

Al primer edil le parece inoportuno la irrupción de este tema en la escena política local, porque considera que no ayuda a solucionar el problema que afecta no sólo al municipio de San Roque sino también a los vecinos de Tesorillo (Jimena) y Secadero (Casares).

“Estos ciudadanos no cuentan con unos servicios sanitarios adecuados, por lo que desde el Gobierno municipal sanroqueño seguiremos luchando para conseguir la financiación que nos permita acabar las obras del edificio que servirá de sede al nuevo módulo de salud y al centro de servicios de urgencias de todo el área. Una zona que comprende parte de dos provincias, Cádiz y Málaga, y tres municipios”, señaló Palma.

Para el alcalde, es fundamental dejar claro que las competencias en materia sanitaria y la financiación de la citada construcción corresponden a la Junta de Andalucía. “Si este organismo no manda el dinero, nosotros no podemos hacer frente económicamente a la finalización de las obras. Si lo mandase, estaremos encantados de dirigir la obra”, ha recalcado el primer edil.

También ha señalado que los socialistas sanroqueños, "ya que su partido gobierna en la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, deberían apoyar al Ayuntamiento para que percibamos el dinero y podamos terminar los trabajos. Se necesita una cantidad cercana al millón de euros para acabar el edificio y dotarlo del mobiliario adecuado”, señaló Palma.

El alcalde ha hecho hincapié en que las obras del centro de salud se iniciaron sobre un terreno en el que los suelos no tenían la calificación necesaria para ese tipo de edificios. Gracias a la presión de los grupos en la oposición en ese momento, PP y PIVG, se pudo llevar a cabo la legalización de esos terrenos con ese objetivo, y además se incorporó la posibilidad de construcción de viviendas protegidas y una zona deportiva. "El permitir esta obra sin cumplir todos los requisitos -apuntó Palma- fue una grave irresponsabilidad de lo grupos en el gobierno local en aquellos tiempos, PSOE y USR".

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