El portavoz del PSOE, Miguel Tornay, expresó su “sorpresa” ante la urgencia de aprobar una reclasificación de suelos a cinco semanas de las elecciones municipales, “sin ofrecer unas garantías mínimas”. En este sentido, se lamentó de la documentación aportada por el equipo de Gobierno, a la que calificó de “extensa, compleja y confusa”.
Igualmente, señaló que la empresa promotora no es la propietaria de la totalidad de las 77 hectáreas sobre las que se pretende ejecutar el proyecto, que están en manos de múltiples propietarios individuales. En opinión del portavoz socialista, “la documentación no es legal y ni siquiera los técnicos ven muy claro su desarrollo”.
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Montero, justificó que es “muy importante para la ciudad” y definió las características de un proyecto que se ejecutará sobre 77,21 hectáreas de terreno que se va a destinar a uso residencial, con reserva de suelo para viviendas protegidas. La inversión será inicialmente de más de 361 millones de euros, supondrá la construcción de nuevas viviendas, el cincuenta por ciento de vivienda protegida y se va a dotar de un parque forestal de 33,7 hectáreas, además de un desarrollo de uso residencial, turístico y sanitario.
De igual forma, confirmó que las incidencias detectadas en los informes de los técnicos se han subsanado. Sobre la no titularidad de los terrenos por parte de la empresa promotora, negó dicho extremo, argumentando que la propiedad existe como tal y que por ello por parte de ésta se puede solicitar una modificación del PGOU.
