El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha rechazado paralizar el acuerdo plenario de 25 de marzo del Ayuntamiento de Punta Umbría, en el que se aprobó la venta de los terrenos del Suelo Apto Para Urbanizar, SAPU5, para el desarrollo de un nuevo proyecto turístico en la localidad.
Se trata de una petición que realizaba el Grupo Municipal del PSOE basándose en un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos por parte del alcalde, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría-UPU).
Esta venta contó con el voto favorable del equipo de Gobierno y el PP, tras el acuerdo que ambos firmaron por la vivienda social, el desarrollo económico y las mejoras urbanas en el municipio.
El auto judicial que rechaza la medida cautelar señala que "una referencia vaga y genérica de dos líneas como la de la solicitud formulada no es admisible", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, critica que las consideraciones de la querella sobre malversación "carecen de fundamento desde el momento en que no se ha producido ninguna desviación de fondos o patrimonio" justificando que "la jurisdicción penal solo enjuicia hechos pasados y no futuros".
El auto, que firma el magistrado Javier Pérez Minaya, señala que la petición del Grupo Municipal Socialista viene recogida "en un simple párrafo sin motivación expresa o apariencia de buen derecho y sin ofrecer caución".
El alcalde, por su partes, ha indicado que "es la segunda resolución judicial que pierde el PSOE sobre este mismo asunto", ya que también fue denegada en vía contencioso-administrativa, y ha reprochado a los socialistas "el daño que están haciendo al desarrollo de Punta Umbría por pura venganza personal y política, llegando incluso a utilizar en los juzgados estrategias sin ningún fundamento.
Por ello, ha vaticinado que el procedimiento judicial sobre este asunto "se va a archivar definitivamente", lo que dará vía libre al desarrollo del proyecto.
Punta Umbría
Rechazo judicial a paralizar un proyecto turístico en Punta
Era una petición que realizaba el Grupo Municipal del PSOE basándose en un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos por parte del alcalde
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