Jessica Pascual, una mujer de 30 años de Rosal de la Frontera (Huelva), lleva 20 días en huelga de hambre para reclamar que se revoque a su marido, de nacionalidad marroquí, una orden de expulsión que pesa sobre él, que le impide entrar en España y que le fue ampliada hasta 2020 por un error informativo.
Según ha explicado Pascual, su marido fue expulsado de España, donde se encontraba en situación irregular en 2004 por orden de la Subdelegación del Gobierno de Jaén a raíz de una serie de delitos menores cometidos, informándole su abogado de que la medida se prolongaba por cinco años.
En 2008, cuando quedaba un año para que la orden finalizase, este hombre volvió a España y conoció a Jessica, con la que inició una relación sentimental y decidió casarse, aunque esperaron a 2010 para que no hubiera problemas con su situación en el país.
El día en el que los citaron para la audiencia habitual en casos de matrimonios entre extranjeros, la Policía le detuvo por haber quebrantado la orden de expulsión, indicándole que era de 10 años y no de cinco como le había dicho su abogado.
En ese momento, al haber quebrantado la orden que pesaba sobre él desde la Subdelegación onubense se amplió la misma, por lo que se le impide la entrada en España hasta 2020.
Pese a esto, Jessica Pascual logró casarse con su marido el año pasado por poderes y ambos tienen una niña de 9 meses, por ello, esta mujer lo que pretende es la revocación de la orden de expulsión para poder pedir la reagrupación familiar y que regrese a España.
Pascual, que desde el 23 de mayo permanece a diario 12 horas ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno con una pancarta en la que reclama lo que considera sus derechos, ha asegurado que no va a abandonar la huelga de hambre hasta que obtenga una respuesta satisfactoria.
Hasta ahora, ha explicado, "no ha avanzado en sus intenciones" tan sólo ha recibido una nota informativa de esta institución remitiéndola a la Subdelegación del Gobierno de Jaén al entender que es ésta quien tiene las competencias porque fue la que dictó la orden de expulsión en 2004, si bien, desde esta institución le han comunicado que dicha orden "está cesada".
Los días sin ingerir alimentos están pasando factura a esta mujer que "se encuentra más débil" y se ha tenido que buscar una habitación en Huelva para no conducir a diario hasta su localidad.
Asimismo, ha precisado que ha solicitado un encuentro tanto a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, como al subdelegado del Gobierno en Jaén, además ya ha expuesto su caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien le ha requerido información para estudiar el caso.
Además, el próximo viernes a las 19:00 horas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se desarrollará una cacerolada protesta en apoyo a esta mujer que cuenta con el respaldo de asociaciones como Derechos Humanos, el 15M o el Sindicato Unitario.
