La Policía Nacional ha detenido a los dos responsables de una asociación de minusválidos de Chiclana de la Frontera en el marco de una investigación por la existencia de delitos de falsedad documental, fraude contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores en tres empresas de aquella localidad. El fraude generado por las mercantiles por impago a la Tesorería General de la Seguridad Social supera los 521.067 euros.
Según ha informado en comunicado la Policía, las actuaciones se iniciaron a partir de las irregularidades detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, sobre presuntas actuaciones delictivas realizadas por los responsables de una asociación de minusválidos.
La investigación reveló que esta asociación había incurrido presuntamente en un delito contra los derechos de los trabajadores, relacionado con la cesión ilegal de los mismos al ayuntamiento de Chiclana, en el marco del Plan Local de Empleo Social (PLES). La asociación suministraba mano de obra al Ayuntamiento, y el Consistorio la ocupaba en diferentes servicios o tareas con el objetivo de que los trabajadores cumplieran los periodos necesarios para acceder a subsidios y/o prestaciones por desempleo.
Trabajadores acogidos al PLES realizaron igualmente trabajos en domicilios y negocios particulares de las personas investigadas.
Los responsables de la asociación descontaron de las nóminas de los trabajadores las cuotas de la Seguridad Social durante el año 2011 pero no las ingresaron en la Tesorería General, lo que supone un fraude por importe de 236.375 euros. Cuando el Ayuntamiento les requirió la documentación acreditativa de estar al corriente de pago, para acceder a las subvenciones acordadas, presentaron documentos falsificados o alterados para simular el pago de las cuotas.
Otras dos entidades también bajo el control de los empresarios detenidos recibieron subsidios del Ayuntamiento de Chiclana y también resultaron deudoras con la Tesorería General de la Seguridad Social por impagos de las cuotas sociales durante los años 2009, 2010 y 2011, por importe de 262.413 euros y 22.279 euros, respectivamente.
Las investigaciones se han llevado a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica ubicada en Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Local de la Policía Judicial de la Comisaría de San Fernando.
