El magistrado que presidirá el próximo mes de septiembre el juicio por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, ha decidido ampliar los denominados "hechos justiciables" que se expondrán al jurado popular encargado de enjuiciar el caso.
Por este caso están imputados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses por un delito de cohecho.
En un auto dictado el pasado día 23 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Ángel Márquez estima parcialmente el recurso de súplica interpuesto por el abogado de Fernando Mellet para que se incluyera en el relato de los "hechos justiciables" la existencia de un protocolo de colaboración celebrado entre la Fundación Socio Asistencial Mercasevilla, el Servicio Andaluz de Empleo, el Grupo Alazar y la asociación representativa de los comerciantes de hostelería de la provincia de Sevilla.
El magistrado-presidente entiende que la inclusión en los "hechos justiciables" de todo lo anterior "constituye un dato defensivo a valorar para el enjuiciamiento de los hechos y la participación que en ellos han tenido los acusados, y no constituye una negativa de los demás hechos que justifican la acusación".
Así, amplía los "hechos justiciables" en el sentido de añadir un párrafo con el texto "en fecha no determinada del verano de 2007, Rivas concierta una reunión con el director general de Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes, a la que asisten los acusados Rivas, Mellet y Pereira", quienes estaban "debidamente informados por el primero de las bondades de la escuela de hostelería para mejorar el sector y la especialización de mano de obra".
En esa reunión se "comunicó la intención de una subvención, cristalizándose dicho compromiso verbal en la firma del protocolo de 18 de diciembre de 2007, en el que el SAE se comprometió a la concesión de las subvenciones necesarias para la realización de acciones de formación profesional en el ámbito de la hostelería", añadiendo que "al acto que se celebra en el restaurante La Raza con motivo de la firma de este protocolo, además de los firmantes, también asiste Daniel Ponce".
El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, también alegó en su recurso que había un "error" en la indicación de la fecha de presentación de la solicitud de subvención, pues en el auto de apertura de juicio oral se señalaba el 25 de julio de 2008 y en el auto de hechos justiciables se habla del 1 de agosto de 2008, pero el magistrado rechaza este punto argumentando que "la fecha consignada como de presentación formal de la solicitud de subvención que se indica en el auto impugnado es la indicada por las tres acusaciones y por dos de las defensas --Pereira y Rivas-- en sus escritos de calificación provisional".
En el mismo auto, el presidente del jurado rechaza el recurso de súplica presentado por la defensa de Regla Pereira, que consideraba que su cliente "se ausentó en varias ocasiones" de una de las reuniones en las que presuntamente Mellet y Ponce exigieron supuestamente a los empresarios el pago de 450.000 euros de comisión a cambio de la gestión del proyecto de escuela de hostelería que se iba a crear en el mercado mayorista.
Así, el abogado de la imputada defendió que Pereira "se incorporó una vez comenzada" a la reunión del 16 de enero de 2009, señalando que "su posición a lo largo del procedimiento ha sido negar que estuviera presente en el momento de la presunta petición ilícita de Ponce, y por tanto, no es lo mismo que estuviera presente en tal momento" a que "que se ponga en duda tal extremo".
EL JUICIO COMIENZA EN SEPTIEMBRE
No obstante, el magistrado Ángel Márquez rechaza el recurso señalando que la imputación de Pereira se basa "fundamentalmente" en "la posible connivencia con los otros coacusados en la solicitud de dinero a los representantes del Grupo Alazar, que se pone de manifiesto, según el auto de apertura de juicio oral y escritos de acusación, en la elaboración del proyecto de subvención y en su presencia en la reunión de 16 de enero de 2009, donde Ponce pide una cantidad" a uno de los empresarios.
Por tanto, "es lógico que no consignemos la negativa de la acusada a tal presencia en el momento de la solicitud, ni otros matices del encuentro que pueden enturbiar la imputación por la que se ha formulado acusación y que no son necesarios para la calificación de los hechos", todo ello "sin perjuicio de que, en el juicio, las partes puedan entrar en los pormenores de dicho acto, y que sean objeto de prueba en el plenario".
El 28 de septiembre se constituirá el jurado encargado de enjuiciar el caso, mientras que ya el día 1 de octubre tendrán lugar las alegaciones de las partes personadas en el procedimiento y comenzarán las declaraciones de los acusados. Está previsto que el juicio se prolongue durante una semana.
