En el corazón del Campo de Gibraltar, la finca de La Almoraima, uno de los mayores latifundios de Europa, ha salido esta semana de su olvido con la reivindicación del alcalde chisparrero, Juan Casanova, de que la empresa que la gestiona ceda parte de las propiedades para su aprovechamiento de cara al empleo y la riqueza del municipio. La negativa de la empresa ha reabierto una vieja polémica.
Con 16.000 hectáreas de tierras, su extensión es mayor que la de algunos estados europeos, como la República de San Marino o el Principado de Mónaco. Tras años de gestión por parte de la familia Ruiz Mateos, fue expropiada a Rumasa por el Gobierno de Felipe González a principios de los años ochenta. Ya entonces, los ciudadanos de Castellar vivieron el proceso con la inquietud de que la finca pudiera repercutir en el municipio. No fue así, y regresó a manos privadas.
De las 17.746 hectáreas del término municipal de Castellar de la Frontera, 16.000 corresponden a la finca La Almoraima. La explotación del alcornoque, de gran importancia en toda la zona, y la cría de cabezas de ganado bovino son las principales riquezas productivas de la finca, ya que en ella las tierras de regadío se encuentran en clara inferioridad, y las tierras de secano están dedicadas fundamentalmente a pasto.
Desde el siglo XIII, todo este paraje, que ha sido calificado como “la última selva de Europa”, se encuentra presidido desde las alturas por el Castillo de Castellar, de construcción árabe, y que hasta 1956 sirvió como instalación al pueblo de Castellar de la Frontera.
Reclamación
Esta semana, el alcalde de Castellar, Juan Casanova, rompió el silencio que pesaba sobre este riquísimo rincón de la comarca, y pidió a la empresa Almoraima SA, que gestiona el latifundio, que ceda parte de la finca para su aprovechamiento público en el municipio.
El regidor propuso que, “ante la situación de precariedad económica de muchas familias”, la compañía ceda 100 hectáreas de regadío “para fomentar la agroecología y el cooperativismo a través del modelo de soberanía alimentaria”.
También solicitó la cesión de uso de una nave de los antiguos cuarteles militares y de una hectárea de tierra para la ubicación de cuadras y huertos familiares de ocio, así como la restauración de los antiguos cuarteles militares para la instalación de un complejo de turismo rural.
El alcalde, que aseguró haber recibido ya varias negativas de la compañía, aclara que “es un momento de emergencia social” y que “en otras circunstancias no realizaríamos esta petición inusual”, al tiempo que recordó que la finca de La Almoraima “ocupa el 85% del término municipal y que esta circunstancia hace que tengamos permanentemente limitadas las posibilidades de desarrollo”.
Finalmente, pidió a los gestores de la finca que “orienten los esfuerzos de la finca hacia sectores productivos más sociales que, sin perder el horizonte de la rentabilidad, aumenten las posibilidades de trabajo”.
Poco después de la petición, la directora de la finca, Isabel Ugalde, canceló una entrevista que tenían solicitada “desde hace dos meses” para tal fin, algo que Casanova ha considerado como una “afrenta”. Por ello, ha enviado una nueva petición para reunirse con la presidenta del Consejo de Administración de la finca, esperando obtener una “pronta respuesta” porque, de lo contrario, podrían emprender un proceso de movilización ciudadana “de protesta y reivindicación”.
El regidor chisparrero criticó a la directora de La Almoraima por su “desconocimiento absoluto” de la realidad que se vive en Castellar. En este sentido, le ha querido dejar claro que las fincas de La Boyal y Majarambú “no son propiedad ni son gestionadas por el Ayuntamiento”, detallando que en la primera --una finca “exclusivamente forestal” cuyos ingresos devienen cada nueve años por la extracción del corcho, invertidos posteriormente en la gestión y mantenimiento de la propia finca-- es “la Asamblea del Común de Vecinos” el órgano de decisión.
Al hilo, precisó que hace casi un año que la Asamblea decidió dedicar parte de sus ingresos a ayudar a las familias más necesitadas abonándoles algún recibo del agua o la luz para evitar el corte del suministro por impago, comprando alimentos o medicamentos. “Un ejemplo de solidaridad que hasta hoy no ha mostrado La Almoraima S.A”, concluyó.
