Tres comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Extremadura, han reaccionado con una inmediatez digna de encomio, y ya han anunciado la apertura de expedientes informativos a las compañías eléctricas por la presunta utilización de protocolos de cálculo irregulares de facturación, que es la forma legalmente aceptable de decir que sospechas que alguien te ha metido ilegítimamente la mano en el bolsillo. Las demás no creo que tarden en secundarlas porque el afane es generalizado. Una compañía eléctrica puede marearte a llamadas al teléfono de reclamaciones –siempre un 902, oye, cobrando también, ¿eso es legal?– y ahogarte en papeleo si la reclamación es individual, y las asociaciones de consumidores piden que, si el expediente autonómico logra acreditar que ha habido robo, las eléctricas devuelvan lo afanado a todo el mundo.
Seguramente así será esta vez porque el escándalo esta vez es mayúsculo. No es normal que alguno de estos servicios esenciales privatizados te multipliquen por dos o por tres la factura como ha ocurrido esta vez. Pero a menor escala sí, y va siendo hora de que el Gobierno ponga fin a la impunidad de los abusadores y a la indefensión de los ciudadanos. El remedio está inventado, eso es lo bueno. La multa siempre tiene que ser mayor que el beneficio del fraude para resultar disuasoria. Si es preciso incluso cárcel. Por buscar un ejemplo conocido que está funcionando: quien contamina, paga, sí, pero, no sólo eso: quien contamina paga y, además, si insiste, va a la cárcel.
