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Jaén

Empresarios italianos piden cinco años de cárcel por estafa de 330.000 euros a un mediador de aceite

Mantuvieron una relación contractual durante una década y las exportaciones se realizaban desde Jaén

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Dos empresarios italianos han pedido en la mañana de este martes en la Audiencia Provincial de Jaén cinco años de prisión para un compatriota al que acusan de haberles estafado más de 171.000 euros a uno y más de 166.000 euros al otro, toda vez que el imputado, M.D.M., se dedicaba a la mediación en la venta de aceite de oliva. En concreto, mantuvieron una relación contractual de aproximadamente una década en la que las exportaciones se realizaban desde la provincia jiennense.

   En la vista, acogida por la Sección Tercera de la Audiencia, el acusado ha declarado que la presunta estafa se remonta a 2011, cuando negoció con los citados empresarios a través de una nueva empresa que les presentó y en la que era administrador único. Esta novedad no fue un impedimento para que los italianos continuaran demandando aceite a través del ahora imputado, puesto que, según han coincidido en el juicio, su "confianza" en él era absoluta.

   Asimismo, M.D.M. ha comentado que su labor radicaba en presentar a los empresarios muestras de aceite para posteriormente enviarles al país italiano los pedidos que demandaran. Sin embargo, antes debían ingresar en una cuenta facilitada por el acusado el valor de dichos pedidos de aceite de oliva. Según los empresarios, esto nunca había supuesto problema alguno, aunque a comienzos de 2011 comprobaron cómo camiones enviados desde Italia a Jaén para cargar el aceite regresaban vacíos.

   Fue así como se alarmaron y procedieron a denunciarlo en instancias judiciales de su país. A continuación, el Cuerpo Nacional de Policía en España comenzó una investigación en la que se concluyó que M.D.M. se había trasladado a Málaga una vez que se deshizo de sus teléfonos, "tanto fijo como móvil", según ha manifestado uno de los afectados en la vista. En esta ciudad los agentes registraron su vivienda, adonde hallaron 33.500 euros en metálico en una caja fuerte ocultada en un cesto de la ropa que se encontraba en la cocina.

   Tras tomarle declaración la Policía, el juzgado decretó su ingreso en prisión de manera preventiva, algo a lo que el acusado se ha acogido para justificar que no dio traslado al aceite hasta el país italiano. No obstante, la defensa ha acreditado que dicho traslado podría haberse producido hasta el mes de marzo según lo acordado en el contrato de recepción del aceite, si bien lo sucedido tuvo lugar un mes antes, en febrero de 2011.

   Asimismo, en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, uno de los agentes de la Policía que participaron en el registro de la vivienda ha señalado que se dedujo que el imputado había extraído parte del dinero de las transferencias bancarias de los italianos para comprar y hacer una serie de operaciones con vehículos, entre ellos, un coche marca Maserati y otro marca Audi que, por otra parte, había puesto a nombre de su hijo menor de edad.


"IMPEDIDO" POR SU ENTRADA EN PRISIÓN

   En todo caso, M.D.M. ha insistido en que no cumplió con sus compatriotas porque "se le vino todo encima con su ingreso en la cárcel --el 24 de febrero de 2011-- y no pudo solucionar los envíos de aceite" que había acordado, del mismo modo que ha apuntado que pudo comprar el Maserati gracias a la venta de un Audi A6 que poseía, argumentando que "no lo compró beneficiándose de las transferencias que le habían hecho" sus clientes.

   Así las cosas, la Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de prisión, así como el abono de 171.062,84 euros a un empresario y de 166.791,62 euros para el otro en concepto de responsabilidad civil por el delito de estafa. El fiscal basa su acusación en que no se acredita actuación alguna para entregar el aceite, sino que cree que el fin fue "beneficiarse gracias a la confianza depositada en él".

   De hecho, una de las entregas "debía hacerse el 3 de febrero", no estando preso aún. Además, la Fiscalía ha pedido el embargo de los automóviles. Por su parte, la acusación particular ha pedido la misma indemnización y cinco años de cárcel además de una multa por valor de 3.300 euros, mientras que el letrado de la defensa ha pedido la libre absolución al no observar delito alguno por parte de su cliente.

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