El PP de Atarfe (Granada) presentó este martes demanda de conciliación previa a la querella contra los dos empresarios que aseguraron haber contribuido a financiar actos electorales del partido en el municipio a cambio de favores, entre ellos el mitin de la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Concretamente, el presidente del PP, José Manuel Aranda, y la secretaria general del partido en Atarfe, María del Carmen Osuna, han presentado sendas demandas en el Juzgado de Paz de Atarfe, contra el empresario Gonzalo Aivar, que es además militante del PP y marido de una edil 'popular' en el municipio, expedientada por romper la disciplina del partido, y en el Juzgado de Paz de Pinos Puente contra el empresario Antonio Roldán Maroto.
Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Aranda y Osuna reclaman a los empresarios que reconozcan que las afirmaciones que hicieron en Radio Granada de la Cadena Ser "atentan contra la fama, el honor y la honra" no sólo de los dirigentes del PP a nivel local, sino también contra el PP de Atarfe, "ya que acusan de financiar ilegalmente su campaña electoral, mediante aportaciones dinerarias a cambio de favores".
De hecho, consideran que sus declaraciones, "siendo falsas y realizadas con grave menosprecio a la verdad", pueden constituir un delito de calumnias e injurias graves propagadas con publicidad. Además, recuerdan que, en el caso de Aivar, éste está imputado en el caso 'Mercamed' y que su esposa es concejal de Atarfe por el PP y "se le ha abierto expediente de expulsión", lo que habría derivado sus "falsas acusaciones", que también atribuyen por su imputación en el mismo proceso penal al empresario Roldán Maroto.
Según ha informado a Europa Press José Manuel Aranda, las declaraciones de ambos empresarios fueron grabadas un mes antes de que Radio Granada decidiera emitirlas por lo que se ha preguntado "las razones para ello". Además, ha recordado que durante la campaña electoral la tesorera de las cuentas del grupo municipal era la propia esposa de Aivar, y ha defendido la ausencia de ilegalidad alguna en la campaña.
Aranda ha reclamado además a estos dos empresarios "que pongan nombres y apellidos" a las personas que presuntamente les habrían prometido favores a cambio de la financiación de actos de los partidos, y ha considerado que, si no lo hacen, es "porque es absolutamente falso" lo que dicen.
