Una pareja de agentes de la Guardia Civil ha asistido al juez Elpidio José Silva durante los últimos interrogatorios efectuados con motivo de la investigación sobre el préstamo por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán mientras era consejero, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los efectivos del Instituto Armado han estado presentes el miércoles y el jueves en el interior del Juzgado de Instrucción número 9 en el que se ha desarrollado la toma de declaración de varios ex miembros del Comité Financiero imputados en el marco de este procedimiento.
Este hecho ha motivado la perplejidad entre las partes personadas que desconocen la condición en la que se encuentran los agentes habida cuenta de que no había ningún detenido durante los interrogatorios. Algunos achacan su presencia a una falta de funcionarios en el Juzgado de Silva.
La ronda de declaraciones comenzó ambos días con retraso, por lo que los imputados permanecieron en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla hasta que algunos fueron llamados a comparecer y a otros se les notificó que su citación se posponía para otro día.
QUEJA DE FUNCIONARIOS
El instructor despachó el jueves con el representante del Ministerio Fiscal y con los agentes de la Guardia Civil antes de dar comienzo a los interrogatorios. Llegado el momento, en la sala aguardaba a cada imputado el magistrado, el fiscal, los abogados defensores, la acusación popular ejercida por Manos Limpias, el secretario judicial pero también dos guardias civiles vestidos de paisano.
Durante los interrogatorios, los agentes permanecieron sentados en los últimos bancos de la sala y sin tomar notas. La Guardia Civil está practicando las diligencias ordenadas por el juez instructor en el marco de este procedimiento.
La Fiscalía investiga una queja emitida directamente por varios funcionarios por conducta inapropiada del magistrado, sobre quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado un expediente disciplinario por falta de consideración a sus funcionarios, entre otros motivos.
El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra". Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.
El instructor también investiga a Blesa por la compra, en abril de 2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares. Silva ve indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.
