El alcalde de Carrión de los Céspedes (Sevilla), Ignacio Escañuela (IU-CA), junto con los dos ediles de su equipo de gobierno, ha retirado este miércoles el escrito de renuncia formalizado en el Ayuntamiento el jueves pasado. Escañuela ha aclarado que la renuncia en bloque derivaba de la ausencia de colaboración de las administraciones ante las graves dificultades financieras que sufre su Ayuntamiento y ha explicado que estas dimisiones han sido retiradas, finalmente, al mediar un compromiso "firme" de la Junta de Andalucía para buscar soluciones.
La Corporación municipal de Carrión de los Céspedes está formada por once concejales; tres de ellos del PP, cuatro del PSOE y cuatro de IU-CA, que gobierna en minoría tras haber sido la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2011. No obstante, la federación de izquierdas lleva meses gobernando con tres concejales al no lograr cubrir la vacante derivada de una dimisión, pues han renunciado a cubrir esta vacante todas las personas que figuraban en la candidatura de IU-CA.
En este escenario, el alcalde de Carrión y los dos miembros de su Gobierno municipal, pues como hemos señalado sigue vacante la cuarta acta de concejal, entregaron el jueves pasado un escrito en el registro municipal anunciando su renuncia a cada una de las actas de edil que ocupan, si bien para ser oficiales las renuncias debía ser convocado y celebrado un pleno extraordinario que diese cuenta de las mismas.
El PP, en este escenario, avisaba de que el Ayuntamiento tenía previsto celebrar aquel mismo jueves un pleno para que tomase posesión del acta vacante de IU-CA una persona ajena a la candidatura de la coalición pero elegida por el partido, contemplando además la sesión el debate y votación del proyecto presupuestario para 2013. Pero, según el PP, la persona elegida por IU-CA para hacerse con el acta de concejal vacante habría "renunciado" también en el último momento.
NUEVO GIRO
Pues bien, tras varios días declinando aclarar los motivos de su renuncia en bloque, el alcalde y sus concejales se han retractado este miércoles de su decisión y han retirado las renuncias. Según ha manifestado el alcalde, la renuncia en bloque respondía a la supuesta ausencia de colaboración de las administraciones, "en especial el Estado", a las peticiones del Gobierno local para intentar aliviar las fuertes tensiones financieras que asfixian al Ayuntamiento.
"Tenemos deudas con la Seguridad Social, subvenciones que tenemos que devolver, deudas con Aljarafesa, con nuestros propios proveedores", dice el alcalde avisando de la imposibilidad de atender el pago de todas estas obligaciones y asumir, en paralelo, el abono de las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento y el cumplimiento de los servicios públicos. "Ni el Ministerio de Hacienda ni ninguna otra institución ha dado paso alguno para dar una solución real a este problema, producto de un consentimiento tácito anteriormente dado al nivel de gastos y al incumplimiento de subvenciones y obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda durante unos años en los que los ingresos extraordinarios de este Ayuntamiento eran altos", dice el alcalde.
EL COMPROMISO DE LA JUNTA
En ese sentido, ha explicado que ha retirado su renuncia al obtener "la firme disposición de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía" para estudiar la situación y "desarrollar medidas de sostenimiento financiero y apoyo". Ignacio Escañuela, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que todo lo concerniente a su renuncia y posterior retracto "es inusual" y que es consciente de que le han acusado de ser "un irresponsable", pero ha defendido que "lo realmente irresponsable es no poner el cargo público a disposición del partido cuando uno no puede garantizar los derechos de los ciudadanos y los servicios públicos".
Así, ha admitido la "polémica" que gira en torno a sus decisiones, pero ha defendido que como alcalde debía actuar ante la "desatención" de las administraciones ante el colapso financiero del Ayuntamiento y las graves dificultades del mismo para compatibilizar sus obligaciones de pago y devolución de subvenciones con la prestación de los servicios públicos.
