El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, defenderá en el Pleno del miércoles una nueva moción en materia de vivienda en la que reclamará "el cumplimiento de los compromisos adquiridos públicamente", que se revisen medidas que se han adoptado y "son insuficientes" y que se dé respuesta a familias sin recursos que no pueden acceder a una vivienda social, que no pueden hacer frente a sus recibos del agua, o que no pueden regularizar su situación tras haber ocupado de forma ilegal una VPO vacía de Emvisesa porque no tenían recursos suficientes.
"Tenemos contabilizados unos 40 casos de familias que han pasado por el Grupo Socialista y que llevan meses esperando una respuesta del gobierno de Zoido. ¿Cuántos más habrá que han acudido a un distrito, a Servicios Sociales o a Emvisesa y que o no han obtenido respuesta o están viendo cómo los envían de un sitio a otro sin dar una solución a su problema?", cuestiona el portavoz socialista en un comunicado.
La moción, en primer lugar, plantea que "de forma inmediata" se pongan todas las viviendas del parque público municipal y de Emvisesa que se encuentren vacías a disposición de familias sin recursos priorizando por tanto la función social de la vivienda. Esta propuesta, que ya se ha planteado en el Pleno en ocasiones anteriores y que afectaría a unas 300 viviendas, "sigue sin asumirse por parte del gobierno de Zoido ya que aunque se han anunciado medidas no se ha llegado a solicitar la recalificación al régimen de alquiler social de ni una VPO en venta, según una respuesta escrita remitida al Grupo Socialista recientemente".
En segundo lugar, el PSOE solicitará que se revisen los criterios aprobados este mes por Emvisesa, "tras meses de reclamaciones por parte de la oposición y de los inquilinos", de forma que las rebajas en los alquileres no se limiten a las viviendas de familias con rentas inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 798 euros al mes por familia. En la propuesta se reclaman que se apliquen en Emvisesa los mismos criterios que la Junta de Gobierno Local aprobó para el parque social de viviendas de forma que una unidad familiar con ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem pague un máximo de un 30 por ciento de alquiler (unos 399 euros) mientras que en el caso de familias con rentas inferiores a 1,5 veces el Iprem la renta máxima sea de un cinco por ciento de sus ingresos, en torno a unos 40 euros al mes.
Asimismo, y como ya se ha solicitado en repetidas ocasiones al gobierno de Zoido, el Grupo Socialista reclamará la creación de una unidad específica en Emvisesa encargada de poner en valor los pisos vacíos en régimen de alquiler social y de gestionar todo el parque social de viviendas que ha sido traspasado a la empresa de vivienda por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de septiembre de 2013. "Hemos pedido en numerosas ocasiones que se cree una unidad específica, una oficina única donde gestionar todos los problemas relacionados con la vivienda. Se han negado al contrario que otros muchos ayuntamientos, pero ahora, volvemos a reclamarlo porque hace falta y porque a partir de ahora, si se cumple el acuerdo de Junta de Gobierno, todo el parque social va a estar en Emvisesa", explica el portavoz socialista.
En relación a las viviendas públicas vacías que han sido ocupadas ilegalmente, el portavoz socialista reclamará en el Pleno que se busquen soluciones para familias que acrediten que han ocupado una vivienda de forma ilegal por carecer de recursos económicos. Esta petición está basada en varios casos registrados en el Grupo Socialista de familias que tras ocupar de forma ilegal una vivienda pública vacía se encuentran ahora sin poder regularizar su situación, "sin poder acceder a otro piso e incluso con procedimientos penales abiertos". Esta petición se basa además en las conclusiones del último informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
Por último, y en relación con los recibos del agua, el portavoz socialista pedirá en el Pleno que desde el Ayuntamiento de Sevilla se garantice que las personas que carezcan de recursos dispongan de entre 50 y 100 litros de agua de acuerdo a los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esta exigencia, que se plantea tanto para familias que residen en viviendas particulares como en pisos públicos, se completa con la petición de un bono social en función de las rentas para los recibos del agua que ya se solicitó en el último consejo de administración de Emasesa.
Estas medidas se completarán en el próximo Pleno con algunas de las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanzas fiscales de 2014 del gobierno de Zoido entre las que se incluyen la petición de bonificaciones sociales para las rentas más bajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o en el sello del coche, así como una bonificación de hasta el 95 por ciento en el IBI para las viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anteriormente denominada Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)o Emvisesa de forma que "no repercutan los tributos en los recibos que abonan los inquilinos".
