El portavoz andalucista del Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha manifestado este jueves su desconfianza ante el papel que juegan los altos funcionarios “gratificados” por el alcalde y número dos del PP andaluz, José Luis Sanz. En el marco de la investigación de la contratación del actual edil de Medio Ambiente, Mercado reclama que la Justicia “intervenga” las cuentas del Consistorio y las envíe al Tribunal de Cuentas dada la “opacidad” del Gobierno local y la “compra de la complicidad” de los altos funcionarios.
Mercado ha criticado la “nueva estrategia” de “opacidad” desplegada por el Gobierno de Sanz, ya que la de oposición no recibe “ni un céntimo de euro desde octubre” para ejercer su labor pese a que ninguno de sus concejales está liberado y que el Ayuntamiento ha omitido la celebración de plenos ordinarios en septiembre y diciembre, y teme que tampoco se celebre este mes.
Además, ha mostrado un escrito firmado por el alcalde el pasado 25 de octubre en respuesta a una solicitud de acceso a un expediente de subvención y un informe emitido por el inspector jefe de la Policía Local, en el que le señala que tras la consulta las “copias” podrán ser solicitadas a la Alcaldía pero prohíbe “expresamente el uso de cualquier tipo de dispositivo que sirva para la obtención de copia” al margen del cauce estipulado.
En ese sentido, ha rememorado que el Gobierno local había defendido su “transparencia” esgrimiendo que los concejales de la oposición habían podido “fotografiar” sin problemas diversas facturas cargadas al Ayuntamiento, pero “ahora resulte más difícil obtener cualquier tipo de prueba”.
Ante esta falta de transparencia y ante las “gratificaciones” otorgadas por el alcalde a los altos funcionarios para “comprar su complicidad y silencio” con “sobresueldos muy bien pagados”, Mercado ha reclamado que la “intervención judicial del Ayuntamiento”, al objeto de que “el dinero público sea visado por alguien que no haya sido gratificado”.
Así, ha pedido la “intervención judicial” de las cuentas del Ayuntamiento tomareño, al objeto de que éstas sean remitidas al Tribunal de Cuentas y las investigue. “No nos creemos al cien por ciento lo que dicen los gratificados”, ha enfatizado antes de lanzar la interrogante que pesa sobre si estos altos funcionarios “están vigilando o no la legalidad de los actos”.
