La Junta de Gobierno del pasado viernes aprobaba una modificación que, de facto, deja en manos del delegado de turno o del funcionario que se digne a firmar el expediente administrativo el dar publicidad en el perfil del contratante aquellos contratos menores y negociados sin publicidad superiores a 6.000 euros, mientras que los menores a esta cuantía quedarán exentos de ser públicos, a expensas de que así lo decidan “los servicios tramitadores”. En la “eficiencia y eficacia” se apoya el Gobierno local para justificarlo, lo que a juicio de la oposición no es sino un paso más en el “apagón informativo hasta las elecciones” de Juan Ignacio Zoido.
La modificación, realizada “por urgencia y sin dar explicaciones” según los socialistas, simplemente elimina de la redacción la palabra “necesario” al referirse a la difusión de contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad en el perfil del contratante que recogía el acuerdo de la Junta de Gobierno de febrero de 2013, donde además se establecía como “preceptivo” el uso de la aplicación Factum para todos los trámites, la misma que sirve ahora para justificar, gracias a los términos “eficiencia y eficacia” que ahora dependa del funcionario o delegado de turno el que sea público o no ese contrato, sea para instalar un helicóptero en una rotonda, para publicitar unos premios o para arreglar una acera. Todo se decidirá en casa, siempre que haya alguien que firme el, ese sí, preceptivo y necesario “informe motivado” que así lo justifique.
La base de esta modificación está en dos palabras: “facultativo”, referida a los contratos menores de 6.000 euros, y “exceptuada”, para los contratos menores y negociados sin publicidad superiores a 6.000 euros.
La nueva redacción
Así, el acuerdo del pasado viernes recoge en su primer punto que se establece la “preceptiva difusión en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sevilla de contratos menores cuyo presupuesto de licitación supere el importe de 6.000 euros, siendo facultativo para los servicios tramitadores realizar la invitación pública a través del perfil del contratante para los contratos de cuantía inferior”. Es decir, serán los “tramitadores” (funcionarios, jefes de área, delegados...) los que determinen qué contratos menores serán públicos, pero ya se elimina la “necesaria” difusión de los mayores, aunque se mantenga que es “preceptiva”.
El siguiente punto recoge que “la difusión en el perfil de contratante del plazo de presentación de ofertas de los contratos menores y negociados sin publicidad de presupuesto superior a 6.000 euros podrá ser exceptuada por los servicios tramitadores mediante la incorporación al expediente administrativo de informe motivado suscrito por el jefe de la unidad tramitadora y el visto bueno del director general o, en su caso, del delegado correspondiente”. Es decir, la “preceptiva” publicidad del primer punto queda supeditada a la excepción que determine el tramitador-funcionario o político de turno. Mientras haya un “informe motivado”, la excepción quedará justificada.
Costes a pesar de Factum
La explicación de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, deja en el aire algunas dudas. Asegura la responsable de Administración Pública -reproduciendo casi literalmente algunos de los párrafos que los socialistas cosiguieron copiar de la justificación de estos cambios- que “esta pequeña modificación está absolutamente justificada, puesto que la difusión de todos los contratos en el perfil de contratante fue una medida implantada en el Plan de Ajuste para promover el ahorro al facilitar el acceso de todas las empresas a los contratos públicos, pero tras su aplicación ha quedado patente que es más operativo establecer un límite razonable a esa exigencia precisamente para evitar que el ahorro que se consigue con dicha publicidad no se vea anulado o incluso a veces superado por los costes indirectos que supone su tramitación”.
Es decir, según la delegada, la aplicación informática Factum, en la que están registradas las empresas para facilitarles la información de los contratos, ha creado “costes” de tramitación que la “superan” aunque no las cuantifican ni explican, pero en lugar de solventar las deficiencias que hayan podido surgir, simplemente eliminan la publicidad de esos contratos menores. Eso sí, deja en manos del servicio de tramitación la potestad de realizar la invitación pública.
Excepcional y urgente
En cuanto a los contratos superiores a 6.000 euros, asegura Fley que “tan sólo estarán exentos de su publicación en el perfil en casos absolutamente excepcionales de urgencia o especialidad, que en todo caso serán debidamente motivados por los responsables de cada área y en los que la petición de ofertas se ajustará a la exigencia de invitación de al menos tres empresas”.
La excepcionalidad pero, sobre todo, la urgencia de la que ha hecho gala el Ayuntamiento en su mandato podemos encontrarla en el propio proceso de contratación del Portal de Transparencia que hace poco presentó el alcalde Juan Ignacio Zoido: se licitó por vía de urgencia, tardó ocho meses en adjudicarse, se sabe que se invitó a varias empresas pero al final ni se dio a conocer a la empresa adjudicataria de los 17.900 euros que costó. Eso sí, a partir de ahora, y si lo decide o motiva un funcionario o un político, el ciudadano de a pie y la prensa no tendrán acceso a esos detalles sobre el uso de los fondos públicos.
El PSOE recurrirá el acuerdo y Fley le recuerda su pasado
El portavoz socialista, Juan Espadas, ha anunciado que recurrirá la resolución aprobada por vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local sobre la publicidad de los contratos menores y los negociados sin publicidad a través de los perfiles del contratante y que supondría en la práctica un “apagón informativo hasta las elecciones” para todos los contratos negociados sin publicidad de menos de 200.000 euros, en el caso de las obras, o de hasta 60.000 euros en los contratos o servicios, ya que “se dejaría a opción del delegado de turno que se publicaran o no en el perfil del contratante”.
Por su parte, la delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, ha asegurado que “este Gobierno va a seguir informando con total transparencia de las adjudicaciones de todos los contratos, algo que por cierto nunca hizo el anterior gobierno, ya que el PSOE realizó sólo en 2010 más de 2.000 contratos menores sin hacerlos públicos para todas las empresas, la oposición, ni los ciudadanos”.
San Jerónimo, otra nueva privatización
El PSOE alertó ayer de que el IMD aprobará el jueves la privatización de la piscina de San Jerónimo, igual que en Los Mares y Fundición, ante lo que la Delegación de Deportes ha contestado recordando que PSOE e IU también recurrieron la concesión administrativa para la gestión externa de instalaciones deportivas en su anterior mandato.
