El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este viernes un edicto sobre el proyecto de convenio firmado entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), y el consejero delegado de la multinacional tabaquera 'Altadis', Juan Arrizabalaga, para que la antigua planta de esta empresa que deslocalizó hace años su producción acoja usos públicos y sociales y aprovechamientos terciarios.
Después de que dicho proyecto de convenio fuese aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pasado 25 de abril, cuando la propuesta prosperó con el voto favorable del PP, que goza de mayoría absoluta, pero el voto contrario de PSOE e IU-CA, dicho aspecto ha sido publicado este viernes en el BOP. El documento, recogido por Europa Press, estipula "un plazo de veinte días a partir de la publicación del presente edicto", para consultar la documentación y presentar "las alegaciones que se estimen convenientes".
Según este proyecto de convenio, la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 metros cuadrados que quedarían en manos del Ayuntamiento a modo de espacios libres de dominio público, toda vez que el Ayuntamiento contaría además con el edificio principal de la fábrica y la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras, mientras 'Altadis' contaría con 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad de 8.000 y 23.000 metros cuadrados respectivamente. Mientras el Ayuntamiento prevé destinar a equipamientos públicos su parte de los terrenos, 'Altadis' espera vender su parte para su aprovechamiento en materia de usos terciarios.
Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana cataloga la finca como suelo industrial singular, toda la operación requiere obviamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pues los terrenos a entregar al Ayuntamiento deben ser declarados Suelo de Interés Publico y Social (SIPS) y el resto debe ser calificado como espacios de uso terciario.
El proyecto de convenio ha provocado un nuevo debate sobre el urbanismo de la ciudad. El PSOE, por ejemplo, avisa de que el reparto de edificabilidad permite construir una torre sobre los actuales jardines de Manuel Ferrand y critica que el Ayuntamiento asuma el edificio principal de la planta porque se trata de un inmueble protegido y, como tal, no puede ser derribado para instalar equipamientos concretos.
Tampoco está de acuerdo con esta operación CCOO, que a tal efecto ha promovido recientemente un público en el salón de grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
