Facua Sevilla ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), que paralice la ampliación de la zona azul o aparcamientos regulados en superficie al considerar que "vulnera la ley", por lo que anuncia que irá a los tribunales por la vía contencioso-administrativa si se pone en marcha el miércoles.
En un comunicado, Facua ha indicado a la Delegación de Movilidad y Seguridad que la fijación de nuevas calles "debe aprobarse mediante una ordenanza que pase por el Pleno y no a través de una simple resolución". Así, ha presentado ante Movilidad un recurso de reposición contra la resolución municipal que amplía el número de calles afectadas por la zona azul al "considerar ilegal el procedimiento llevado a cabo para ello".
La asociación reclama al Ayuntamiento que paralice la ampliación de la zona azul, cuya entrada en vigor está prevista para este miércoles, hasta que sea aprobada "cumpliendo la vía prevista legalmente para ello". Así, añade que "debe tratarse de una ordenanza aprobada por el Pleno de la corporación local, tras pasar por el debido trámite de audiencia pública".
Alerta de que el gobierno municipal se ha "saltado los elementos de participación y garantía" de los ciudadanos, así como "eliminado" trámites de audiencia pública "preceptivamente establecidos por ley para que los ciudadanos y sus organizaciones representativas puedan expresar sus opiniones, así como el debido dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla".
Considera que la "desmesurada" ampliación de las calle con zona azul responde "exclusivamente a la voracidad recaudatoria del gobierno municipal y no a solucionar los problemas de falta de aparcamiento en la ciudad", una medida que tendrá como "principal beneficiaria" a la empresa concesionaria, Aussa.
La reclamación de nulidad llevada a cabo por la organización está recogida, según indica, en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En definitiva, agrega que la "ilegalidad en la que ha incurrido el Ayuntamiento es que esta medida debería haber formado parte de la ordenanza fiscal y no cabe admitir que haya sido recogida en una resolución posterior, incumpliendo de ese modo los requisitos procesales que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en especial en su artículo 17".
En su recurso, FACUA Sevilla argumenta que las calles afectadas por la zona azul deben regularse mediante ordenanza municipal, "conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 58/02003 General Tributaria y artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales"
Así, considera que desde el Ayuntamiento no se ha motivado de forma "suficiente la necesidad y conveniencia" de utilizar esta fórmula de aparcamientos rotativos en lugares donde el estacionamiento suele ser prolongado. Añade que la ampliación de la zona azul afecta a áreas urbanas donde "muchos sevillanos deben aparcar diariamente para acudir a centros de trabajo, de estudio, hospitalarios o de residencia, incluso siendo éstas periféricas". "A tenor de estas circunstancias, la asociación no considera conveniente que el usuario tenga que enfrentar el pago de estas tasas por estacionar su vehículo en esta clase de calles y vías urbanas", insiste.
"MEDIDA MERAMENTE RECAUDATORIA"
Según agrega, con la "imposición" de la tasa se está gravando a las personas que "necesitan utilizar el vehículo privado para acceder zonas de actividad cotidiana, y no de ocio o recreativas". Asimismo, asegura que son situaciones que "limitan" la capacidad de movilidad de las personas pertenecientes a sectores sociales con "baja capacidad adquisitiva, poniendo obstáculos sin otra motivación que la de recaudar dinero".
En relación a los bonos residenciales, la asociación entiende que no deberían ser limitados a los propietarios de vehículos que se encuentren empadronados en alguna de las vías reguladas, sino que habría que determinar "un radio de varios cientos de metros alrededor de estas zonas". De igual forma, considera que deberían ser contempladas exenciones a usuarios que tengan su lugar de trabajo en las calles afectadas, estudiantes de centros educativos ubicados en las mismas o arrendatarios de viviendas que por la temporalidad no estén empadronados en ese domicilio. Igualmente, añade que deben ser contemplados los usuarios que tengan que acudir a los centros sanitarios.
Por tanto, Facua Sevilla reitera su disconformidad con esta decisión municipal, al entender que se ha tomado una medida "sin previamente ofrecer alternativas ni poner en consideración la opinión de los ciudadanos". "Tampoco se ha querido complementar esa movilidad facilitando o mejorando las opciones de transporte público", sentencia.
