El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), gobernado por José Luis Sanz (PP), ha anunciado este jueves que va a poner en conocimiento del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, las "actuaciones" desarrolladas por la Fiscalía de Sevilla "desde hace un año" en torno a la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo de Tomares, el popular Juan Campos, percibió retribuciones del Consistorio cuando no formaba parte de la Corporación local.
En una nota de prensa, el Ayuntamiento asevera que "no le consta" que la Fiscalía General del Estado "fuera informada desde el inicio de la investigación" llevada a cabo por la Fiscalía de Sevilla, "como así lo determina la primera en su consulta 1/2005 de 31 de marzo", todo ello por el hecho de que uno de los investigados tenga la condición de aforado, en relación al propio Sanz.
El Consistorio ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que, ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, la Fiscalía "no haya tenido participación activa, dejando de asistir a diversas diligencias", mientras que "también sorprende" el escrito en el que la Fiscalía se opone a los seis recursos interpuestos contra el auto emitido por la juez en el que resuelve elevar al Tribunal Supremo la investigación del contrato debido al aforamiento de José Luis Sanz.
Así, añade, el Ministerio Público "ha formulado un escueto escrito inmotivado de pocas líneas, en concreto de 14, sin detallar razón alguna de los indicios que existan en la causa contra la persona aforada, que continua sin ser emplazada a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuyo cumplimiento no ha velado".
"Sorprende que desde el inicio de este asunto la Fiscalía de Sevilla haya estado investigando durante siete meses a un aforado sin informar de ello a la Fiscalía General del Estado", mientras que "también sorprende que la Fiscalía de Sevilla no haya llamado a los denunciados, atendiendo al derecho a la defensa y para llegar al esclarecimiento y comprobación de los hechos, como así lo determina la propia Fiscalía General del Estado en la consulta 1/2005".
El Ayuntamiento asevera que, "de nuevo, sorprende la credibilidad que da la Fiscalía a una denuncia falsa formulada por un concejal del Partido Andalucista que era entonces miembro del equipo de Gobierno (mandato 2007-2011), y fundamentada en las declaraciones de dos exconcejales del Partido Popular, que también formaron parte del equipo de Gobierno en el mandato 2007-2011, cuando a todas luces los tres eran conocedores de unos hechos que, según denuncian ahora, supuestamente eran delictivos y que sin embargo no denunciaron en su momento".
Y por último, "sorprende el daño público y mediático que se está haciendo a la imagen y al honor de unas personas que se encuentran indefensas ante unas denuncias supuestamente falsas y no probadas, ya que se están vulnerando principios esenciales del Estado de Derecho". "Desde el inicio parece que hay un especial interés en demostrar que son culpables, obviándose la presunción de inocencia, un principio fundamental en toda democracia", concluye.
