La Guardia Civil ha llevado a cabo en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la denominada Operación 'Santo', que se ha saldado con 111 personas imputadas como presuntas autoras de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que habrían cometido desde empresas ubicadas en los municipios jiennenses de Mengíbar y Peal de Becerro.
Según ha informado este jueves la Benemérita, la operación se ha desarrollado durante los pasados meses de abril y mayo y entre los imputados figuran 108 supuestos trabajadores que habrían accedido al cobro de prestaciones de forma fraudulenta, así como tres empresarios que habrían facilitado ese delito. Además, se ha iniciado un procedimiento sancionador contra dos empresas de Mengíbar y una de Peal de Becerro.
En concreto, la empresa de este último municipio estaba "revestida de apariencia formal", pero "real y materialmente no lo era", ya que "no ejercía ningún tipo de actividad" y su creación "no respondía a la organización de una actividad productiva u otros fines legítimos", según ha concluido la Guardia Civil.
En vez de eso, supuestamente "ejercía laborales simuladas con los presuntos trabajadores, persiguiendo la prestación de algún derecho subjetivo, esencialmente vinculado a la percepción de distintas prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social", una conducta que "se repitió sucesivamente en el tiempo", de forma que hasta un total de 41 "presuntos trabajadores" habrían cobrado de modo indebido prestaciones por desempleo.
Dicha empresa de Peal de Becerro, además, "carecía de centro de trabajo donde desarrollar la actividad comercial" y no podía "acreditar contabilidad y facturación que permitiera justificar el origen de los fondos necesarios para proveer la partida precisa para proceder al abono de nóminas".
EXPEDIENTES SANCIONADORES A DOS EMPRESAS
En Mengíbar se han iniciado dos expedientes sancionadores a dos empresas que "presentaban cierta actividad económica, pero no para la actividad que se había dado de alta", por lo que se les ha añadido la imputación de un presunto delito de simulación de contratación de hasta 67 trabajadores.
Según la Guardia Civil, "ninguna de las referidas empresas contaba con infraestructura empresarial suficiente para el elevado número de trabajadores en alta, y ambas empresas contaban con centros de trabajo y trabajadores comunes", y desde ellas supuestamente se perseguía, al igual que en Peal, "la realización en sus distintas vertientes de algún derecho subjetivo, esencialmente vinculado a la percepción de prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social".
Así, en las dos empresas supuestamente "se practicaron altas fingidas de los supuestos trabajadores, y fruto de la permanencia en esta situación, eran perfeccionados periodos de carencia a efecto del posterior acceso y disfrute a las distintas prestaciones por desempleo".
"ALTAS FINGIDAS"
Tras conocer las actuaciones de la Guardia Civil se produjo la "baja masiva" de presuntos trabajadores en estas empresas, que "sí disponían de un centro de trabajo, pero inadecuado para desarrollar un volumen que justificara la contratación de 67 trabajadores".
Con estas intervenciones, se ha imputado a tres empresarios como presuntos autores de los delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, "con los agravantes de la prolongación del fraude, facilitar a otras personas la realización, simulación o tergiversación de los hechos, ocultación consciente de hechos de los que tenían el deber de informar, incumplimiento absoluto de la estimación directa de bases tributarias, existencia de contabilidades distintas, ocultación o simulación de la verdadera situación de la empresa, ficción del periodo de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y simulación de una contratación de carácter laboral de duración determinada", causando con ello un presunto perjuicio a la Administración pública.
