Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada han atendido a un centenar de familias amenazadas de desahucio en lo que va de año, 30 de ellas derivadas del protocolo pionero puesto en marcha el pasado mes de diciembre entre la capital y el Decanato de los juzgados para que los afectados tengan conocimiento de los recursos de los que disponen para hallar soluciones a su situación.
Además, los resultados satisfactorios de esta experiencia han llevado a un grupo de funcionarios a judiciales a proponer la creación de un servicio de información en los propios juzgados, lo que ahorraría a los ciudadanos un "peregrinaje" por distintas administraciones.
En rueda de prensa, el concejal de Familia y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha recordado que el protocolo se formalizó el pasado 2 de diciembre con el objetivo de poner en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento a toda aquella familia con una primera orden judicial de desahucio, que no interferiría en el proceso abierto a los tribunales pero que abriría la puerta a una posible solución, desde información sobre posibles bonificaciones económicas a una oferta para ingresar en el registro de demandantes de vivienda.
Desde su puesta en marcha, los Servicios Sociales han atendido a unas 30 familias derivadas de los juzgados, cifra a la que se suman otras 58 familias que han reclamado una solución directamente en las oficinas del Ayuntamiento.
Asimismo, según Egea, el Ayuntamiento ha destinado en lo que va de año un total de 154.000 euros a ayudas económicas familiares, para el pago de alquileres o hipotecas, atendiendo a 223 familias. En el último año y medio se han tramitado además 220 expedientes que han sido derivados al registro de demandantes de vivienda, y 45 familias han logrado una pública de la Junta de Andalucía y otras 14 de Emuvyssa.
Por otra parte, el concejal ha informado de que los cuatro grupos de la corporación prevén aprobar en el pleno de este viernes una moción, a propuesta de IU, que instará a la Junta de Andalucía a exportar este protocolo pionero como modelo a seguir en el resto de provincias.
El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha indicado que aunque las expectativas del protocolo eran "modestas" a su inicio, los resultados han sido "muy positivos" y por ello un grupo de funcionarios de la administración de justicia han propuesto "un paso más", que consistiría en la creación de un punto de información en materia de desahucios, una iniciativa que ya tiene el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pero que aún está a la espera de ser avalado por la Consejería de Justicia.
Por ello, uno de los funcionarios implicados, Miguel Ángel Herrera, ha instado al consejero Emilio de Llera a darle una respuesta porque éste se trataría de un servicio que aportaría soluciones a muchos de los ciudadanos de Granada afectados de desahucio.
Se trata de una propuesta que tendría coste cero y que sería atendido por funcionarios de forma voluntaria una vez a la semana. No sería obstáculo para su trabajo ya que los funcionarios estarían incluso dispuestos a recuperar horas en horario de tarde.
Según el juez decano, el número de desahucios ha decrecido en este 2014, sobre todo en comparación a 2012, el peor de los últimos años en esta materia, cuando se contabilizaron entre 800 y 900 procedimientos de desahucios en la capital, casi 2.000 en la provincia, aunque la media de los que conllevaron el lanzamiento efectivo fue de un veinte por ciento.
