Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) pone en evidencia que la trata de seres humanos es un problema desconocido en España, tanto por la falta de cifras fiables como por la escasa coordinación policial nacional e internacional y la permisividad social hacia conductas relacionadas con el comercio sexual. Esas son algunas de las conclusiones del informe financiado por la Unión Europea y elaborado por un equipo de investigación en el que participa la universidad madrileña.
En el citado estudio se comparan las legislaciones de los países europeos y se analiza el grado de protección de las víctimas y las medidas adoptadas para evitar este delito; además, se define un código de buenas prácticas que favorezca la promulgación de nuevas directrices europeas.
Uno de los primeros obstáculos es que no se conoce bien la magnitud del problema, según ha señado una de las autoras del informe, Begoña Marugán Pintos, del departamento de Análisis Social de la institución académica "Estadísticamente se desconoce la dimensión del problema: por su naturaleza delictiva, ilegal y transnacional; por su confusa definición; por la escasa legislación y de herramientas de recogida de la información", según Marugán.
Las cifras pueden variar de 200 a 13.000 casos y solo se dispone de datos fiables cuando se practican detenciones. Las fuentes principales son la Policía y la Guardia Civil y en opinión de Marugán, "son alarmantemente insuficientes".
Según se desprende del estudio, las ONG son "las que trabajan con las víctimas de trata y perciben mejor sus necesidades y dificultades, así como los fallos en el sistema de detección y protección".
El modelo español se caracteriza por la centralidad del estudio sobre la trata con fines de explotación sexual; el interés prioritario de las políticas públicas en el castigo, pues solo recientemente han empezado a tomarse en consideración la prevención y protección de las víctimas; y el avance legislativo, gracias a las obligaciones adoptadas internacionalmente.
"En España se ha pasado de una situación (antes de 1999) de política criminal que identificaba prostitución y trata, a otra situación (sobre todo desde el 2005) donde empieza a darse una mayor protección jurídica de las víctimas", comenta otra de las autoras del informe, Itziar Gómez Fernández, del Instituto de Derecho Público Comparado de la UC3M.
"En este campo, la legislación exclusivamente represiva es inapropiada y todavía hay pocas políticas públicas dirigidas a la prevención y la protección de las víctimas, aunque este enfoque empieza a utilizarse cada vez más", ha comentado otra investigadora del mismo Instituto, Carmen Pérez González. En su opinión, se debería adoptar un nuevo protocolo marco con medidas destinadas a prevenir y perseguir la trata como a proteger, asistir y compensar a las víctimas de manera efectiva.
Una de las conclusiones del estudio es que la trata de seres humanos requiere un tratamiento transnacional, con la participación de instituciones internacionales y la cooperación de países de origen, tránsito y destino. Por ello, el trabajo involucra a investigadores de cinco países europeos, además del Centro de Estudios Sociales de Portugal, que se ha encargado de su dirección, el Instituto de Asuntos Públicos de Polonia, la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Italia), la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y la Universidad de Oradea (Rumania).
El informe contiene fundamentalmente dos apartados: uno sobre legislación y políticas públicas y otro sobre la dimensión cuantitativa del problema.
El estudio incluye un decálogo de recomendaciones para afrontar este problema; entre ellas mejorar los mecanismos de cooperación entre administraciones, revisar la tipificación actual de este delito en el Código Penal, comprobar el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros o de los pasos fronterizos para evitar una doble victimización de las personas tratadas, o redactar un manual para los profesionales de los medios de comunicación social.
