El alcalde de Camas, Rafael Recio (PSOE), junto con varios de sus concejales, y el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha celebrado este martes una reunión con las 38 familias desalojadas del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, a cuenta del estado de uno de sus pilares, extremo derivado de las arcillas expansivas sobre las que se asienta el edificio.
Recordemos que en 2008, el bloque número dos del residencial Jardín Atalaya ya fue desalojado como consecuencia de las grietas y deficiencias que presentaba el edificio al haber sido levantado en una zona de "arcillas expansivas", allá por los años 70. Ahora, en el marco de una reforma que uno de los vecinos del bloque número uno realizaba en su vivienda, ubicada en la planta baja del edificio, fueron detectadas anomalías que motivaron que la comunidad de propietarios contratase a un arquitecto para que supervisase el estado de la construcción.
Este arquitecto, en el marco de unas catas practicadas el viernes, en pleno temporal de lluvias, habría descubierto que uno de los pilares del edificio está "bastante afectado" por los efectos de su construcción sobre arcillas expansivas, con lo que inmediatamente fueron avisadas las autoridades. A partir de ahí, los bomberos y los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Camas determinaron el "desalojo preventivo" del edificio, en el que residen 38 familias.
En principio, 26 de las familias decidieron realojarse por sus propios medios y las 12 restantes se acogieron a la oferta del Ayuntamiento camero para ser realojadas provisionalmente en hoteles costeados con cargo a las arcas municipales, toda vez que ya en aquellos momentos, las autoridades avisaban de que el desalojo del edificio puede prolongarse durante meses, pues será necesaria una intervención en el mismo para subsanar las deficiencias. El mismo viernes, en ese sentido, el alcalde reclamaba a la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos (IU-CA), una "reunión urgente" para acordar "los realojos de los vecinos afectados y subvención de las actuaciones a ejecutar".
EL CASO DE 2008
Recordaba el alcalde en su misiva que ya en 2008, las soluciones al desalojo del bloque número dos del residencial Jardín Atalaya incluyeron "la participación de la Administración autonómica en los costes de reparación del edificio y del alojamiento de los vecinos" en el plazo transitorio.
Ya este martes, el alcalde, sus concejales y el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla han celebrado una reunión con el colectivo de familias afectadas, quedando de manifiesto que son ya 21 las familias acogidas al realojo provisional ofertado por el Ayuntamiento de Camas. Durante la reunión, y según ha informado a Europa Press Rafael Recio, el asunto ha sido analizado desde sus diferentes perspectivas, es decir las vías de solución disponibles a través de la póliza colectiva de seguro con la que cuenta el edificio, las pólizas individuales de cada una de las viviendas, y claro está el papel de las administraciones.
El primer edil, en ese sentido, expone que mientras son ya 21 las familias que solicitan a las autoridades un realojo provisional y el Ayuntamiento intenta "reagrupar" estos realojos en un mismo espacio, los servicios sociales municipales analizarán la situación socioeconómica de cada familia para determinar "quién necesita más ayuda" para costear su realojo, pues se trata de "un tema privado" en el que las autoridades han ordenado el desalojo del edificio por motivos imperiosos de seguridad. "El Ayuntamiento facilitará las ayudas que correspondan", dice Recio en cuanto al resultado de esas valoraciones sociales.
PENDIENTE DE RESOLVER EL PAPEL DE LA JUNTA
En la misma línea, ha recordado el "precedente" de 2008, porque a su juicio la Administración andaluza "tendría que responder" del mismo modo que entonces, es decir participando en los costes derivados de los realojos y de la rehabilitación del edificio, toda vez que por error, habíamos informado de que la Junta de Andalucía había decidido ya asumir tales gastos, cuando la realidad es que la Administración autonómica tiene pendiente de resolver su papel en el asunto.
Rafael Recio, en ese sentido, insiste en que lo "lógico", por las competencias que ostenta la Junta de Andalucía en materia de rehabilitación de viviendas y el "precedente" de 2008, es que las obras cuenten con subvenciones autonómicas "para los gastos totales o parciales".
