La Autoridad Portuaria de Sevilla contempla promover una nueva reunión con el sector de agricultores regantes para trasladarles un mensaje de "tranquilidad" y afrontar desde el "diálogo" la situación que surge a raíz de la oposición mostrada por UPA-Andalucía y Areda al proyecto del dragado de profundización del río Guadalquivir que promueve esta institución, que ya han anunciado que llevarán a Bruselas en el caso de concretarse.
La presidenta del Puerto sevillano, Carmen Castreño, ha manifestado a Europa Press que, respecto al principal temor de estas organizaciones, que es el perjuicio a la cosecha de arroz, el incremento de la salinidad que el dragado traería consigo sería "despreciable" o, en cualquier caso, "no significativo", algo que está recogido en diversos estudios científicos.
Respecto al proyecto de recuperación de las márgenes del cauce fluvial, condición 'sine qua non' para poder acometer la intervención y que debe someterse al escrutinio de la Junta de Andalucía antes de obtener la luz verde, Castreño se ha reafirmado en que "vamos a arreglar las márgenes, y no solo en Doñana", puesto que, ha expuesto, ya se han consignado hasta siete millones de euros más para el resto de las zonas, "de aquí a Sanlúcar", donde hubiera un mayor deterioro.
Tras la negativa inicial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejo de Participación de Doñana a la propuesta de la Autoridad Portuaria, ésta ya está culminando un nuevo boceto que, según ha reconocido la consejera titular del ramo, María Jesús Serrano, la administración autonómica ve más "coherente". El mismo estará listo "próximamente", con idea de que "si todo va bien" el dragado pueda licitarse antes del próximo año.
Y es que el escenario actual es aprovechar para ello los cerca de once millones de euros disponibles gracias al Fondo Europeo Regional (Feder), aunque para ello debe estar todo pagado antes de acabar 2015.
Por otro lado, el Puerto, según ha explicado su presidenta, ofrece su apoyo al proyecto de modernización del regadío que promueve la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "que pretende buscar la financiación adecuada para ello". "No está en nuestra mano, pero cuentan con nuestro respaldo", ha añadido.
En la anterior legislatura, la propuesta elevada a la administración central por la Autoridad Portuaria fue desechada al entender el Estado como parte "inherente" a la declaración ambiental de 2003 el dictamen de la comisión científica para el estudio de las afecciones del dragado del Guadalquivir, que consideraba que el dragado de profundización es incompatible con la conservación del estuario del río. Tal extremo, así, supuso el fin de aquel proyecto en concreto.
