El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este lunes que se ha hecho "más acorde a las circunstancias y entendible socialmente" la modificación que se estudia para la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales con el objetivo de que recoja la posibilidad de que quien extraiga basura de los contenedores por problemática social elija entre pagar la multa de hasta 750 euros o recibir atención social.
Tras entregar el calendario solidario de la Policía Local al Centro de Estimulación Precoz 'Cristo del Buen Fin', Zoido asegura que tiene la obligación de "ir buscando las soluciones más acordes conforme las circunstancias", tras recordar que esa sanción "existe y estaba tipificada desde antes como una acción sancionable".
Sin embargo, insiste en que, "dadas las circunstancias que concurren, supone atender mejor la realidad social el que, además de poner la sanción, que esta pueda sustituirse". Así, señala que el secretario que está estudiando la posibilidad de incorporar esta modificación para incorporarla a la nueva ordenanza "que cree que sí" puede hacerse, algo que se habrá de confirmar con la realización de un informe.
"Hay que adaptarla y socialmente es mucho más entendible, ya que también se disuade a que haya quien lo hagan porque al someterse a esa prestación social sustitutoria podremos ofrecer todas las ayudas que con eso siete millones de euros dedicamos a quienes no tienen medios para poder comer ni dormir", concluye.
El Ayuntamiento de Sevilla anunció el viernes que se está planteando la introducción de esta posibilidad para las sanciones por infracciones leves y en aquellos "casos de conductas que pudieran tener su origen en una problemática social". Estas sanciones podrán ser sustituidas, de acuerdo con la legislación, por sesiones de atención individualizada con los servicios sociales municipales o por cursos en los que se informará a las personas afectadas de las posibilidades de que las instituciones públicas y privadas les ofrezcan apoyo y asistencia social. Esta sustitución, en todo caso, deberá contar con el consentimiento del afectado y, en su caso, del representante legal.
Además, se apuesta por incluir que, en estos casos, los agentes de la autoridad, una vez que detecten la infracción, contactarán con los servicios sociales municipales al objeto de que se activen los recursos sociales existentes, "de conformidad con el contenido de los planes y programas municipales en vigor".
