Uno de los cinco detenidos en la provincia de Córdoba dentro de la 'Operación Enredadera' --derivada de la operación 'Madeja'--, pasará en las próximas horas a disposición judicial, mientras que los otros cuatro han quedado en libertad con cargos.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que detallan que las cuatro personas están en libertad con cargos, a la espera de que la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que lleva la causa, les cite para declarar.
En cuanto al quinto detenido, se encuentra en dependencia policiales en la capital hispalense y en las próximas horas se prevé que pase a disposición de la juez, según explican las fuentes, que recuerdan que las actuaciones están bajo secreto de sumario.
En este sentido, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este martes en la capital cordobesa y en el municipio de La Carlota a cinco personas, concretamente tres empresarios y dos técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), al tiempo que recabaron información en la Diputación de Córdoba, sobre "diversos expedientes de contratación".
Al respecto, fuentes cercanas a la Diputación detallaron a Europa Press que, además de en el Área de Presidencia, dicha información fue recopilada en el Área de Régimen Interior, donde los agentes del Instituto Armado recabaron documentación sobre los referidos expedientes de contratación.
Todas las actuaciones de la operación las lleva a cabo la citada UCO de la Guardia Civil, que ha actuado este martes en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.
De este modo, los agentes de la UCO han dejado en libertad con cargos a 22 de las 32 personas que fueron detenidas este martes en las 13 provincias españolas en la denominada operación 'Enredadera', tercera fase de la operación 'Madeja' en la que la juez Mercedes Alaya investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, causa que está bajo secreto de sumario desde julio de 2013.
