Sebastián Pacheco, un vecino de Aljaraque (Huelva), reclama al Servicio Andaluz de Salud 1,3 millones de euros, tras quedar su mujer, María Antonia Ponce, en estado de coma vegetativo tras ser operada en enero de una hernia cervical en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
El letrado Rafael Martín, de la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas, que es quien representa a Pacheco, ha explicado que la reclamación se ha realizado a través de una demanda interpuesta directamente contra Zurich, entidad aseguradora del SAS, algo que permite la Ley de Contrato de Seguro.
Esto, ha indicado, permite una mayor diligencia en la tramitación que ejercer la acción contra el SAS a través de un contencioso-administrativo, caso en el que el procedimiento podría alargarse varios años.
La demanda, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido interpuesta, después una previa ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Huelva para "reclamar al hospital la información médica de la paciente, al entender que había ocultación".
En ella se relata que esta mujer fue operada de una hernia cervical el 30 de enero del 2014 y que ya por la tarde, una vez en planta de neurocirugía presentó una insuficiencia respiratoria consecuencia de un hematoma asfíctico, que la deja sin oxígeno que le causó una parada cardiorrespiratoria que a su vez provocó un estado vegetativo persistente.
Por tanto, considera la demandante que es un hecho "indubitado" que el estado vegetativo de la paciente se debe a la aparición de una complicación de la cirugía que se podía haber evitado si hubiera sido atendida con rapidez.
Además, especifica que el documento de consentimiento informado facilitado a la paciente contiene una exposición prolija sobre las distintas técnicas existentes para el abordaje a la columna cervical y sus riesgos pero "no sobre la técnica concreta que le iban a practicar y las concretas complicaciones de la técnica elegida así como de la situación médica de la paciente".
Considera también el letrado que ha de aplicarse a este caso la doctrina del daño desproporcionado pues junto a todo ello se dio la circunstancia de que no se pudo localizar al neurocirujano de guardia localizable en el momento en que fue llamado.
A la vista de estos hechos, que mantienen en coma a esta mujer desde hace diez meses, se reclama en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 1.310.386,21 euros; de los que 1.110.386,21 euros corresponderían a la paciente y el resto a su marido, y la hija y la nieta de ambos.
