La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha dado un plazo de un mes a las siete familias que ocupan el número 43 de la avenida San Severiano desde hace año y medio para que desalojen el bloque. Así se lo notificó el pasado lunes a las distintas familias tras citarlas en los Juzgados de San José y entregarles el auto en el que se les insta a desalojar las viviendas antes del 22 de enero, momento a partir del cual puede actuar la Policía Nacional. Nada más recoger el auto, algunos afectados se fueron en busca del político que tienen más a mano, en este caso, Teófila Martínez, que en ese momento se encontraba, casualidades de la vida, entregando las llaves de las nuevas viviendas construidas por Procasa a los 28 inquilinos agraciados por el sorteo celebrado hace más de tres años.
Una de las afectadas irrumpió entre el grupo de periodistas dando voces, implorando la atención de la edil, que se apartó con ella para escucharla su situación. La alcaldesa se comprometió a mediar en el conflicto y a buscar una solución a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Ayer por la mañana, Martínez volvió a reunirse con estos vecinos de Cádiz, ofreciéndoles la posibilidad de que se acojan al sistema de ayudas, que pueden llegar incluso al 90% de la cuantía del alquiler.
Por su parte, la Junta de Andalucía ofrecerá a la propietaria del inmueble, ocupado por estas siete familias desde hace más de un año y medio, hacerse cargo del mismo para destinarlo a alquileres sociales, según declaró el delegado de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas.
En declaraciones a los periodistas, Cárdenas explicó que tras conocer el dictamen judicial que da un mes a estas familias para que desalojen el edificio, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz para llegar a algún tipo de acuerdo que “busque una salida global a esta situación”.
No se trata de una propuesta nueva ya que hace unos meses las propias okupas informaron que la Administración andaluza se había puesto en contacto con la propietaria del número 43 de la avenida de San Severiano para llegar a algún tipo de acuerdo en materia de alquileres.
Sin embargo, no ha sido hasta que ha llegado la resolución judicial cuando el delegado de la Junta ha anunciado que ofrecerán a la dueña la posibilidad “de incorporar el bloque al parque público de viviendas” por un periodo mínimo de tres años y con el objetivo de destinarlas a familias en exclusión social
