Las empresas suministradoras de una promoción de viviendas protegidas promovidas en Sevilla por Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y que presentaron una demanda contra la CEA y la empresa Dolmen han anunciado que presentarán recurso contra el archivo por parte del juez de Instrucción número 3 de Sevilla de su denuncia sobre once empresarios acusados de un delito de estafa.
Fuentes de estas empresas, que presentaron esa denuncia a raíz de los impagos sufridos en dicha obra de viviendas protegidas, creen que ni la fundación ni Dolmen "no tienen voluntad de pagar".
Por ello, las fuentes han indicado a Europa Press que las empresas suministradoras van a recurrir "con toda probabilidad en apelación ante la Audiencia Provincial", toda vez que "no estamos de acuerdo, aunque respetamos la decisión judicial".
Consideran que ni Dolmen ni la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa "no tienen ánimo de pagar, pese a que las viviendas están terminadas".
Apuntan que "han creado un entramado societario con sociedades interpuestas que eran insolventes para que no tuvieran que pagar", de forma que creen que "no había voluntad de cumplir, pues al menos deberían haber previsto que esas dos sociedades interpuestas, CYR y Dosevi no iban a poder responder económicamente a las empresas proveedoras, ahí tenemos que hay estafa".
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha archivado la investigación que ha llevado a cabo sobre once empresarios acusados de un delito de estafa, a raíz de una denuncia presentada por empresas suministradoras de una promoción de viviendas protegidas promovidas en Sevilla por Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia en una nota, dicho archivo viene motivado al considerar que "no está acreditado que los impagos a las empresas que subcontrataron hayan sido fruto de un concierto previo para engañar, defraudar y dejar en banca rota a estas subcontratistas", que prestaron sus servicios en la promoción de viviendas de protección oficial Isbiliya, en Sevilla Este.
En el auto de archivo, la juez señala que estos empresarios, algunos de ellos responsables de la Confederación de Empresarios de Andalucia (CEA), "pudieron tomar decisiones erróneas o al menos cuestionables y hubo mala gestión, para las que se pueden pedir responsabilidades por vía civil o por procedimiento concursal, pero, después de las diligencias realizadas para aclarar los hechos, no se ha podido comprobar que los acusados sean autores de un delito penal como es la estafa".
