La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, espera que a lo largo del mes de septiembre estará elaborado el informe con criterios jurídicos y económicos con los que presentar un recurso judicial por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
Bravo se ha expresado en estos términos tras preguntas de los medios de comunicación, después de que el miércoles mantuviera una reunión de trabajo con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en la que acordaron la constitución de una comisión permanente para definir el recurso judicial que presentará la Generalitat por "el incumplimiento del Gobierno de financiar adecuadamente a la Comunitat Valenciana".
La titular de Justicia, tras recibir a representantes del Colegio de Psicólogos de Valencia para abordar la situación del gabinete psicosocial de los juzgados valencianos, ha manifestado que el objetivo de la reunión con Soler fue "conjugar los criterios jurídicos con los argumentos económicos que nos parecen muy importantes, teniendo en cuenta que estamos hablando de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana".
Así, ha explicado que están elaborando un informe "para verificar cuáles son las vías judiciales a través de las que la Generalitat puede ejercitar acciones contra el Gobierno para demandar y reclamar lo que es un grave problema para los valencianos como es esa deuda".
Para Bravo, "no es una responsabilidad completa del Gobierno anterior", ya que "esa deuda deriva de ese sistema de infrafinanciación que durante tantos años ha perjudicado a la Comunitat Valenciana". Por tanto, "las vías judiciales que estamos estudiando van a canalizar esa reclamación para que la Comunitat no se vea perjudicada por la existencia de esa deuda histórica", ha manifestado.
Al respecto, ha indicado que Justicia y Hacienda han acordado la constitución de una comisión permanente "para la argumentación y la elaboración de ese informe" que entiende que a lo largo de este mes de septiembre va a estar elaborado.
En su opinión, "lo ideal sería que el Gobierno central y el autonómico pudieran llegar a un acuerdo por el que dieran una solución al problema de la infrafinanciación", y ha añadido que esto sería "lo responsable por parte del Gobierno". "Debería evitar que el Gobierno valenciano se vea obligado a demandar ante los tribunales para defender los intereses de los valencianos", ha apostillado.
"Estamos hablando de financiar los servicios públicos", ha recalcado Bravo, quien entiende que "esto no es un problema ni de color político ni de ideologías". Finalmente, ha señalado que "si tenemos que afrontar la deuda que estamos arrastrando de este sistema que ha perjudicado tanto a la Comunitat Valenciana, no vamos a poder hacer frente a los servicios públicos esenciales".
