La Junta de Andalucía ha encontrado defectos en el informe de toxicología sobre la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en relación a la recogida de muestras de mineral y al funcionamiento de algunas instalaciones, entre otros aspectos, y ha negado que se advierta de un riesgo para el medio ambiente.
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se hace eco en un comunicado del informe elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla y Barcelona, a instancias de la juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso de explotación de minas de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, según publica hoy 'El Mundo'.
La principal conclusión del informe es que los "residuos mineros de características peligrosas acumulados en las instalaciones, sus lixiviados ácidos con elevadas concentraciones de metales peligrosos y las aguas que por las instalaciones discurren, requieren por su elevada peligrosidad, de un control, gestión y depuración de los lixiviados, ya que suponen un riesgo grave para el medio ambiente y los recursos naturales".
La Junta admite que en la corta de Aznalcóllar existen "las concentraciones de metales que señala el informe" de toxicología, pero entiende que el "mejor plan de control, como pide el informe, de esa zona minera es su explotación".
Ha negado que haya contaminación ni riesgo de vertido al dominio púbico hidráulico porque desde el 2001, cuando ceso la activad de dicho complejo minero -en el que en 1998 se produjo un vertido tóxico-, la Junta asumió las actuaciones de gestión de los pasivos ambientales y, posteriormente, la adjudicataria de la mina asumirá esa tarea.
En relación a la depuradora, el informe de toxicología dice que "no está en funcionamiento", aunque, según la explicación de la Junta, eso no significa que no funcione porque técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta declararon la semana pasada que la línea depuradora funcionaba y la otra existente, de respaldo, puede ser reactivada en menos de una semana.
La administración cuestiona la forma en la que se ha elaborado dicho informe, ya que la toma de muestras se realizó en julio pasado sin presencia de la administración porque el juzgado informó de que era una inspección ocular, no una toma de muestras.
Dicha toma la realizó personal no identificado, y los funcionarios de la UDEF acompañados de agentes del Seprona y de técnicos de Toxicología de Sevilla hicieron una "selección a conciencia de unos montones de mineral de baja ley depositados" en la escombrera, según extrae la Junta del informe.
Recuerda que un juzgado que instruyó en el 2010 otra denuncia sobre Aznalcóllar consideró que ese Instituto de Toxicología "no estaba acreditado para análisis de ese tipo".
La Junta llama la atención sobre el hecho de que los funcionarios de la UDEF, los técnicos de toxicología y empleados de Emerita, la empresa denunciante del concurso de explotación de Aznalcóllar, tuvieran un almuerzo el día de la visita en las inmediaciones de la mina.
Asimismo, el informe contiene errores de denominación de los lugares en las que fueron cogidas las muestras y en la explicación del uso de determinadas balsas, lo que, a juicio de la administración, "invalida sus conclusiones al no contar con la mínima e imprescindible información del funcionamiento de las mismas".
Según la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la única administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero.
Además de considerar que el técnico que suscribe el informe "ha tenido un conocimiento parcial de la realidad de Aznalcóllar", la Junta encuentra un "paralelismo" entre ese informe y el del técnico del CSIC que "visionó sólo seis folios de un proyecto de 3.000", y que declaró ante el juez como testigo a raíz de la demanda interpuesta por Emerita, la empresa que perdió el concurso para la explotación del yacimiento minero.
También el informe de toxicología da la "sensación de alarmismo" de vertido al denominar arroyo de la dehesa a una vaguada innominada que fue canalizada a una piscina de escorrentías mediante una obra realizada por la empresa Tracsa, y "obvia o desconoce" la autorización de dos organismos del Estado (IGME y la CHG) para verter agua
