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Los parques infantiles carecen de normas mínimas de seguridad, según el Defensor

El informe revela que ni la Administración General del Estado, ni la mayoría de las comunidades autónomas -a excepción de Galicia y Andalucía- y municipios disponen de "unos requisitos mínimos obligatorios de seguridad" sobre la instalación, conservación y mantenimiento de los parques infantiles

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  • Becerril -

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha alertado hoy en el Senado de que los parques infantiles en España carecen de "unas normas mínimas de seguridad" fijadas por la Administración del Estado.

Esta es una de las conclusiones del estudio "Seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil" que ha presentado hoy en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde ha hecho un balance de los nueve primeros meses de 2015.

El informe revela que ni la Administración General del Estado, ni la mayoría de las comunidades autónomas -a excepción de Galicia y Andalucía- y municipios disponen de "unos requisitos mínimos obligatorios de seguridad" sobre la instalación, conservación y mantenimiento de los parques infantiles.

Becerril argumenta que la seguridad de las áreas públicas de juego infantil es un aspecto importante de la protección de la infancia, así como la prevención de posibles accidentes en ellas.

La investigación se centra en la regulación de las áreas de juego infantil de titularidad municipal con el fin de detectar las carencias y proponer mejoras que puedan ser útiles a las administraciones y cuyos beneficios reviertan en sus usuarios.

La seguridad de los parques infantiles ha mejorado en los últimos años, si bien es preciso subsanar "algunas carencias y defectos" existentes en la instalación y la falta de mantenimiento, según el estudio.

"No es suficiente" que los equipos de juego se fabriquen cumpliendo todos los estándares europeos de seguridad, sino que debe exigirse además una instalación "adecuada" y la realización de inspecciones periódicas y tareas de mantenimiento por personal cualificado, recalca el documento.

Por ejemplo, subraya, hasta la fecha, no se ha dictado una norma obligatoria para las empresas que concurren a las licitaciones de proyectos ligados al mundo infantil, a pesar de que esas empresas fabricantes e instaladoras de parques infantiles reclaman desde hace tiempo una legislación que sea común en todas las autonomías y ayuntamientos españoles.

En la elaboración del informe, se detectó "un déficit generalizado de accesibilidad" por parte de los niños con discapacidad, de manera que éste es uno de los aspectos importantes que recoge en sus conclusiones y recomendaciones.

Actualmente, hay "pocos" parques infantiles adaptados en España, que permitan la integración de todos los niños, con y sin discapacidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 3,8 millones de personas con discapacidad en España, el 8,5 por ciento de la población, así como 60.400 niños con limitaciones, con edades comprendidas entre cero y cinco años y 78.300 con algún tipo de discapacidad, entre seis y quince años.

La defensora del pueblo considera que "hay un margen de mejora para hacer que los parques infantiles de ciudades y pueblos sean más seguros y más accesibles".

Por ello, insta a todas las administraciones concernidas, en virtud de sus competencias y desde el momento en que han asumido compromisos en materia de protección de la infancia y de integración de las personas con discapacidad, a adoptar medidas para garantizarlo.

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