El juicio que inicia hoy la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, acusado de crímenes de lesa humanidad en la ola de violencia postelectoral que causó 3.000 muertos entre 2010 y 2011, es una oportunidad para que este país cierre sus heridas.
La expectación en Costa de Marfil por el juicio es tan grande que se han instalado pantallas gigantes en los bastiones territoriales del exmandatario para que sus seguidores, convencidos de su inocencia, puedan seguir la sesión.
El proceso también ha atraído la atención de la comunidad internacional, porque será el primer exjefe de Estado en ser juzgado en la CPI desde su puesta en marcha en julio de 2002, lo que convierte la jornada de hoy en un día doblemente histórico.
Tanto Gbagbo como el que fue su ministro de Juventud y Empleo, Charles Blé Goudé, deberán responder por la ola de violencia generada después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2010, en las que se declaró vencedor al entonces candidato de la oposición y hoy presidente, Alassane Ouattara.
Ambos están acusados de ser responsables indirectos -los crímenes fueron cometidos por militares y milicianos bajo su mando- de cuatro cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos.
"El juicio debería dar a las víctimas la reparación que merecen desde hace mucho tiempo y, al mismo tiempo, arrojar un poco de luz sobre la estructura de poder que llevó a estos abusos masivos durante la violencia postelectoral", declaró recientemente Param-Preet Singh, abogado de Human Rights Watch (HRW).
Sin embargo, existe cierta inquietud entre la sociedad civil marfileña, que considera que el proceso de reconciliación en el país no estará completo hasta que también se lleve ante la justicia a los líderes de las fuerzas pro Ouattara, que cometieron numerosas atrocidades contra la población durante el conflicto.
Hasta ahora, los tribunales marfileños han juzgado y condenado a decenas de altos cargos del régimen del expresidente, entre ellos a su mujer, Simone Gbagbo -sentenciada a 20 años de cárcel-, y a su hijo, Michel Gbagbo, condenado a cinco años.
El teniente coronel Cherif Ousmane, subcomandante de la guardia presidencial de Ouattara, y el teniente coronel Losseni Fofana son los dos únicos oficiales de alto rango del bando del presidente que han sido acusados formalmente, aunque existen serias dudas sobre la imparcialidad del juicio.
En la Corte Penal Internacional, en cambio, no está ninguno a pesar de que organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional o la propia HRW consideran que habría sido mejor juzgar a ambos bandos al mismo tiempo para mandar un mensaje más contundente.
"Personal del tribunal ha comentado que la decisión de la Fiscalía de proseguir el caso solo contra Gbagbo y sus aliados responde a la facilidad con la que se pudo preparar por la abundancia de pruebas y testigos", señalan desde HRW.
Lo ideal hubiera sido aprovechar la rendición del expresidente marfileño para lograr su cooperación y construir ambos casos de forma simultánea, pero la Fiscalía optó por trabajar sobre seguro y ahora el Gobierno de Ouattara se niega cooperar con la CPI bajo el pretexto de que se trata de un asunto interno.
A pesar de todo, una condena contra Gbagbo no solo ayudaría a que Costa de Marfil diera un paso clave para dejar atrás la violencia postelectoral, sino que mandaría un mensaje a todos los jefes de Estado del mundo para recordarles que nadie está por encima de la ley.
