La cantidad aportada por cada familia sería, en base a las declaraciones efectuadas por el abogado, de 166,66 euros.
Los vecinos celebraron el pasado 14 de octubre una reunión con su representante legal en la que se planteó la posibilidad de presentar una denuncia a la empresa Thyssen al entender que los estaban presionando para poder utilizar estos elevadores.
La versión defendida por el abogado, perteneciente a la firma Asab Consulting, es que los residentes ya han hecho frente al pago de lo acordado por sus viviendas, y que son la promotora, o en su caso la constructora, las responsables de estos pagos, y no los vecinos.
Viñas recordó que en el edificio, de seis plantas, viven vecinos de avanzada edad y con niños pequeños que aún van en cochecitos, así como personas con problemas de movilidad.
Declaración
Por otro lado, Antonio Viñas adelantó que el próximo 21 de noviembre acudirán a declarar los responsables legales de la empresa promotora Obranda S.L. y el director general de Caja General de Granada ante la Fiscalía en relación con la denuncia presentada por un grupo de 30 propietarios de un edificio en construcción de la calle Cánovas del Castillo.
La comparecencia estaba prevista en un principio para el pasado 15 de octubre, pero se suspendió por la incomparecencia justificada de un abogado de la defensa, explicó Viñas.
El letrado mantiene que Obranda S.L. utilizó los contratos firmados por sus clientes para pedir una subrogación del préstamo solicitado a la entidad bancaria Caja General de Granada, a la que acusa de complicidad en la gestión.
A raíz del incremento de la deuda contraída y justificada con la ampliación del proyecto inicial con más viviendas y plazas de aparcamientos, los vecinos denuncian que sus hipotecas incrementaron su cuantía hasta en 67.000 euros.
