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Incendio de Seseña: ¿podría pasar aquí? Vertederos a examen

Ecologistas asegura que el riesgo no es de esa magnitud, pero alerta del estado de cuatro vertederos de la provincia

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  • ¿Existe riesgo real de que ocurra algo similar a lo de Seseña en la provincia de Cádiz?

Dos semanas después del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, en Toledo, los trabajos de extinción continúan y las dudas acerca del riesgo de los residuos para el medio ambiente y la salud de la población están encima de la mesa. Ha surgido la duda de si los residuos están siendo gestionados con garantías y conformes a la normativa: ¿quién fiscaliza la actividad de los depósitos de residuos urbanos e industriales? ¿qué riesgo suponen para el medio y para las personas? ¿Existe riesgo real de que ocurra algo similar a lo de Seseña en la provincia de Cádiz?. 

A la última de esas preguntas, Ecologistas en Acción responde con claridad que el riesgo no es de esa magnitud en la provincia. Daniel López, responsable nacional de Ecologistas en Acción en materia de residuos reconoce que en Cádiz no se almacenan residuos químicos de la peligrosidad de los de Seseña, pero llama la atención sobre cuatro vertederos de la provincia: el vertedero de Miramundo, en Medina Sidonia, gestionado por la empresa Bioreciclaje de Cádiz S.A.; el de la cantera de Sierra Valleja, en la carretera de Arcos a Algar; el de Llanos del Campo, entre Grazalema y Benamahoma; y el de El Chaparral-La Sombrerera en el término de Puerto Serrano.

López señala a las múltiples sentencias emitidas por la Comisión Europea que condenan al Estado español a pagar sanciones por no adecuar o clausurar en fecha hasta 63 vertederos en todo el Estado.

Una de esas sentencias, emitida con fecha de 25 de febrero de 2016, vuelve a apuntar a varios vertederos andaluces, entre ellos a los de Sierra Valleja (Arcos), Llanos del Campo (Grazalema) y El Chaparral-La Sombrerera (Puerto Serrano). Sobre ellos, la sentencia, que media entre la Comisión Europea que denuncia al Estado español por el incumplimiento del artículo 14 de la directiva 1999/31/CE, dice que  “España ha incumplido las obligaciones que le incumben para cada uno de esos vertederos”, por lo que viene a condenar en costas al Estado.

Vertederos en orden
No obstante, la delegación de Medio Ambiente de la Junta en la provincia aclara que los vertederos de la cantera de Sierra Valleja y los de Llanos del Campo, Chaparral-La Sombrerera y Grupo Pinar ya se han sellado y clausurado por parte de la Junta. Esas maniobras han contado con una inversión de 1,6 millones de euros cofinanciados con fondos de la Unión Europea.

Según ha indicado Medio Ambiente, todas esas actuaciones se han realizado “en auxilio de los municipios que no tienen recursos para clausurar los vertederos” como piden las sentencias emtiidas de la Comisión Europea. A cambio,esos ayuntamientos “se comprometen a hacer un seguimiento de los vertederos recuperados en los próximos 30 años”.

En la cantera de Sierra Valleja, en la carretera de Arcos a Algar, se han recuperado 24.000 metros cuadrados de superficie degradada con una inversión total de 1,05 millones de euros. En los trabajos se retiraron hasta 37.000 metros cúbicos de residuos, compuestos principalmente de escombros de gran tamaño, se realizó un control de lixiviados y de las aguas superficiales y se saneó y regeneró el paisaje con la plantación de 7.500 arbustos. Los trabajos se realizaron esta primavera, y hasta este municipio blanco acudió el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, para comprobar el estado final de los trabajos de recuperación de este entorno sobre el que recaía orden europea de clausura por no cumplir con las distintas normativas.

Los vertederos de Llanos del Campo, entre Grazalema y Benamahoma, de El Chaparral-La Sombrerera, en Puerto Serrano, y Grupo Pinar (este último no estaba en la sentencia de febrero de 2016), han sido también sellados y clausurados por la Junta de Andalucía.

Según la delegación provincial de Medio Ambiente, se han regenerado entre estos tres espacios un total de 41.000 metros cuadrados con un presupuesto de 610.000 euros cofinanciados por la Unión Europea y se han retirado 48.700 metros cúbicos de residuos inertes y no peligrosos, se han consolidado físicamente los vertederos y se han controlado lixiviados y aguas superficiales con el objetivo de evitar que los residuos presentes en estos vertederos afectasen a aguas subterráneas, al entorno paisajístico y a la propia población. En el vertedero de Puerto Serrano, Medio Ambiente explica que la recuperación del paisaje se ha desarrollado por medio de la hidrosiembra y en Grazalema mediante la siembra de 280 arbustos.

Pero todos estos trabajos llegan cinco años después de la fecha tope que dio la Comisión Europea a los estados para adecuar los vertederos: ahora se han adecentado los que debían estar clausurados en 2009,por lo que el Estado no está exento de sanciones.

Miramundo: caso aparte

El caso sobre el que más insisten desde Ecologistas en Acción es el del vertedero de Miramundo, en el término municipal de Medina Sidonia, y gestionado por la empresa Bioreciclaje de Cádiz S.A.

El vertedero de Miramundo no está incluído en las sentencias condenatorias al Estado, en las que sí se señala a los otros vertederos. Por lo que no están todos los que son. En todo el país, la Comisión Europea ha denunciado al Estado por mantener abiertos 28 vertederos que no cumplen la norma comunitaria, pero fuera de esa lista hay 51 vertederos  más que acumulan denuncias de asociaciones de ecologistas y vecinos.

Ese es el caso de Miramundo, que requiere de un procesamiento previo de los residuos antes de ser vertidos para minimizar el riesgo que estos suponen para el medio.

El vertedero de Miramundo, que recibe residuos urbanos, continúa hoy abierto y la Junta de Andalucía, por medio de la delegación provincial de Medio Ambiente, recalca que no se han hecho actuaciones de sellado sobre él porque “no era uno de los que debía ser sellado”. Desde luego sobre él no pesaba demanda de la Comisión Europea, pero sí reiteradas denuncias, entre ellas las de Ecologistas en Acción. Medio Ambiente insiste en que Miramundo “cumple con la normativa”.

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