El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido este miércoles durante su discurso de despedida de este puesto -cesa tras tomar posesión los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado- que problemas como "el llamado proceso soberanista" catalán "no pueden ser resueltos" por este órgano que "por desgracia" esto es lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán. Por ello, considera "urgente inexcusable" hacer un llamamiento al diálogo político.
Pérez de los Cobos ha realizado estas contundentes afirmaciones tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado --Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer-- y ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lésmes y numerosos integrantes de la cúpula judicial y diputados de las Cortes.
A juicio del aún presidente del TC la citada resolución de 2014 y las que la han seguido en relación con el proceso soberanista de Cataluña pretendieron dos cosas que "por desgracia no se han conseguido", que son la de "salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional" y reconducir el denominado "derecho a decidir a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".
"Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado", ha reconocido el presidente del TC, para añadir que por ello la llamada al diálogo político sigue siendo válida. "Diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente -ha afirmado-. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles".
Este diálogo, según Pérez de los Cobos, debe practicarse desde el respeto a la Constitución y a la Ley, "porque cuando éstas no se respetan el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia".
