El juez de Instrucción número 3 de Marbella ha enviado al Ayuntamiento un escrito en cuya parte dispositiva señala que abre diligencias previas por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en diferentes contratos de alta dirección y cargos de confianza por parte del PP cuando gobernó la ciudad entre 2007 y 2015, según ha señalado este jueves el portavoz municipal, Javier Porcuna.
Porcuna, que ha comparecido en rueda de prensa junto al jefe de Personal, Daniel Pérez, ha señalado que las diligencias previas se inician contra "quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa" y de las que se dan cuenta al ministerio fiscal.
Las diligencias, ha indicado el portavoz municipal, son solicitar al Ayuntamiento los expedientes de contratación de 12 cargos de confianza o de alta dirección, copia de las sentencias judiciales en las que se acordaban la readmisión de los empleados despedidos e informes jurídicos de la asesoría municipal sobre dos contrataciones en particular. La resolución se ha comunicado al representante legal del Ayuntamiento y del ministerio fiscal, ha añadido.
Porcuna ha explicado que, inicialmente, el Ayuntamiento recibió un escrito del fiscal jefe del área de Marbella en el que instaba al equipo de gobierno a remitir cada uno de los expedientes de los 12 contratos relacionados con el personal de confianza y alta dirección, copias de las sentencias judiciales en las que se acordaban la readmisión de los empleados que fueron despedidos, de los informes emitidos por la asesoría jurídica municipal sobre las mismas dos contrataciones particulares y de un informe que el Consejo Consultivo de Andalucía emitió el 21 de diciembre de 2015.
"El juez solicita la misma información que el fiscal, pero ya para la apertura de las diligencias previas", ha señalado Porcuna. Tras recibir el escrito de Fiscalía, el equipo de gobierno convocó una Junta para dar cuenta de la petición y remitir la documentación, que se iba a facilitar en formato papel y digital. Posteriormente se recibió el escrito del juzgado.
"Hay una diferencia enorme entre el primer escrito del fiscal y el recibido de los juzgados y es que ya se incoan diligencias previas y define los delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos", ha señalado Porcuna.
Parte de los cargos de confianza y personal de alta dirección en la etapa del PP contratados supuestamente de forma irregular lograron su readmisión al Ayuntamiento o percibieron indemnizaciones al obtener sentencias judiciales favorables.
El equipo de gobierno entendió que las contrataciones conllevaron un daño al Ayuntamiento del que "posiblemente se pudiera derivar algún delito o de responsabilidad penal", por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de Fiscalía, ha señalado Porcuna.
A tenor del portavoz municipal, "el juez va por la vía que se planteó inicialmente desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento en el sentido de que podía existir algún tipo penal en cómo se hicieron o resolvieron las contrataciones o qué tipo de condiciones tenían esas personas para acceder a ese tipo de trabajos".
Según Porcuna, algunos contratados en alta dirección no estaban dotados de los poderes para actuar en nombre de las empresas a través de las cuales se les contrataba y otros no tenían la cualificación académica suficiente para ocupar determinados puestos.
