La orden judicial de desalojo que pesaba sobre una madre que vive con su hija menor en una vivienda dependiente de la Junta de Andalucía, en la zona norte de Granada capital, ha quedado suspendida este mañana.
La concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, Jemi Sánchez, ha informado que este desalojo tiene unas circunstancias especiales dado que respondería a la ocupación ilegal de una vivienda pública.
La mujer se ha divorciado y al parecer su exmarido la había denunciado para echarle de la vivienda, que la administración autonómica le tiene concedida a él, han detallado fuentes municipales.
Sánchez ha recordado que, desde los Servicios Sociales, trabajan desde hace meses en este caso, que no sería un "desahucio al uso" sino que responde más bien a un desalojo por ocupación de vivienda pública, que no puede paralizarse de manera administrativa por los acuerdos que ya se tienen firmados con los juzgados.
La edil ha detallado que se han puesto a disposición de la mujer afectada todos los recursos que tienen en el Ayuntamiento y que ella "los ha ido rechazando".
La Junta ha informado por su parte que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha ofrecido hasta tres alternativas de alojamiento -dos provisionales y una ayuda de 900 euros del Ayuntamiento- a la que considera "ocupante ilegal" de una vivienda del parque público, unas ofertas que han sido rechazadas.
El adjudicatario legal denunció a su expareja ante el juzgado, dando lugar a un proceso que ha culminado con la sentencia favorable al demandante y orden judicial de ejecución, que se dictó en febrero pasado, si bien no se ha ejecutado antes para poder buscar a la mujer y su hija una alternativa de alojamiento.
Desde entonces, ha detallado la Junta, se le han propuesto hasta tres soluciones y ha rechazado todas estas alternativas.
Ante las que considera "falsedades" que, en defensa de la mujer, ha vertido la plataforma Stop Desahucios de Granada, la Agencia de Vivienda andaluza ha subrayado que no es la responsable del desalojo de esta familia, ya en este caso es consecuencia de una sentencia judicial por la denuncia del adjudicatario legal.
El secretario general de Podemos Granada, Alberto Matarán, ha celebrado que vecinos, compañeros de las organizaciones sociales y la fuerza de la mujer afectada hayan conseguido parar el desalojo.
"Un desahucio que la Junta iba ejecutar contra una familia en riesgo de exclusión, contra una niña que tiene que terminar su curso en un colegio público de este barrio", ha dicho el dirigente de Podemos, que ha exigido a la administración autonómica que se "deje de faroles" y permita a Nati y su hija quedarse en su casa.
