El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella (Málaga) ha confirmado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias en las que se investigaba las supuestas irregularidades en el proceso de tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 del municipio.
Así, en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza el recurso de reforma presentado por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento marbellí --ahora se tramitará el recurso para que se pronuncie la Audiencia-- contra la resolución del mismo juzgado dictada en agosto pasado en la que se decretaba dicho archivo de las actuaciones.
Ahora, el instructor considera que los argumentos presentados en el recurso no desvirtúan las razones por las que se acordó el sobreseimiento provisional, al apuntar que "sin aportar alegaciones nuevas, viene a reproducir textos anteriores presentados".
Esta causa se inició después de que el ministerio fiscal decidiera deducir denuncia contra la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, --que tiene condición de aforada al ser senadora-- y el vicesecretario del Ayuntamiento por un posible delito de falsedad documental en relación con el acta del pleno del 29 de julio de 2009 para la aprobación provisional del PGOU, introduciendo algunas modificaciones.
En el auto dictado ahora, el magistrado reitera lo que ya dijo en el anterior en referencia a que "se puede afirmar que no hubo ninguna intención por el equipo de gobierno de que dicho escrito en el que se contenían las modificaciones introducidas a última hora pasaran desapercibidas".
En este sentido, se indica que el escrito "ni fue presentado por dicho equipo de gobierno ni fue redactado por éste ni fue quien introdujo los cambios mencionados", además de considerar que está acreditado a través de la grabación del pleno que "la existencia de los escritos y las modificaciones introducidas fueron trasladadas a los concejales" por el vicesecretario del Ayuntamiento y Muñoz.
Por esto, insiste en que dichas modificaciones se pusieron en conocimiento de los asistentes "quizás no con la amplitud y precisión que eran exigibles y deseables", lo que, a su entender, no puede llevar a afirmar que constituya el delito que se investiga, que es el de falsedad en el acta del pleno, y no otros, que ya fueron investigados en otras diligencias, que fueron archivadas igualmente.
Así, el instructor señala que el objeto del procedimiento es "si durante el pleno se ocultó la existencia de la recepción de escrito que contenían modificaciones, que fueron presentados y elaborados por el equipo redactor del PGOU, siguiendo las instrucciones del Consejo Consultivo y sin embargo se pusieron de manifiesto en la redacción del acta".
En este sentido, el juez considera que con las grabaciones y las testificales practicadas "se llega a la conclusión de que no fue así, ya que se hizo constar en el pleno, por la alcaldesa y por el vicesecretario la existencia de dicho escritos, que los mismos que contenían las modificaciones del PGOU fueron redactados, presentados y elaborados por el equipo redactor, no existiendo razón alguna de una presunta ocultación de los mismos".
Por esto, considera que "no es necesario la práctica de diligencias de prueba alguna más". En su auto, adelantado por el Diario 'SUR', se indica que el grupo socialista ha intentado ampliar la investigación a otros delitos, pero apunta que el pasado mes de septiembre, la Audiencia de Málaga ha desestimado un recurso en el que se solicitaba numerosa práctica de prueba "intentando introducir en las presentes diligencias otros hechos distintos".
La Fiscalía de Área de Marbella (Málaga) presentó recurso también, pero de apelación que tiene que resolver directamente la Audiencia --que está pendiente--, contra dicho archivo, al sostener que la falsedad se cometió "al transcribir y recoger" el acta de la sesión plenaria "algo que nadie vio, no se informó al Pleno y no se sometió a votación de éste".
