“Sin dignidad”, “marginados” e “invisibilizados” se encuentran más de 2.500 personas en los asentamientos de la provincia de Huelva durante la época álgida de la campaña agrícola -precisamente los meses de marzo, abril y mayo-, además de las cerca de 700 que viven de manera fija a lo largo del año. La mayoría de estas personas procede de países africanos como Ghana, Mali, Senegal y Marruecos, así como del Este como Rumanía.
En los asentamientos predominan los hombres pero ha comenzado a aumentar en los últimos tiempos la presencia de mujeres, bien acompañadas por sus familias, bien solas. Además, la edad mayoritaria oscila entre los 18 y 45 años, salvo el caso de algunos menores acompañados de sus familias. La mitad de los habitantes de los asentamientos tienen un nivel educativo bajo y la otra mitad tiene estudios primarios. Es mínimo el número de personas que cuenta con un nivel educativo superior.
Una realidad muy presente en diferentes municipios de la provincia, entre los que destacan Lucena del Puerto por el incremento de familias rumanas temporeras, llegando a contabilizarse hasta 360 personas el pasado año, 60 de ellas menores de edad. Entre las causas que motivan la llegada de los migrantes que residen en los asentamientos de la provincia onubense, destacan razones económicas, pero también razones sociopolíticas como la huida de conflictos bélicos y religiosos o ser refugiados políticos.
Y, para rematar, el 70% de los residentes tiene su situación administrativa regularizada en España, mientras que un 30% sí son irregulares, aunque muchos de ellos cumplen todos los requisitos, a excepción de tener un contrato de un año, para acceder a la autorización de residencia.
Ante tal situación, muchos de estos migrantes se buscan la vida cómo pueden y subsisten trabajando sin contrato y en condiciones laborales precarias. Todos estos datos están recogidos en el informe ‘Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva’, presentado en la mañana de este martes por representantes de entidades sociales. Entre ellas se encuentran las asociaciones Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas Diocesana de Huelva, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge, Federación Andalucía Acoge, Mujeres en zona de conflicto.
La intención de dicho informe es la de visibilizar la situación del chabolismo y que se tomen las medidas oportunas para acabar en esta situación. Por ello, desde la Mesa de la Integración solicitan la “integración” real de las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales en la búsqueda de soluciones efectivas, duraderas e integrales, calendarizadas y dotadas de presupuesto. Además, piden la creación de una mesa intersectorial en el que participen todos los agentes implicados; reforzar y establecer cauces para garantizar que se cumplan los derechos de acceso a la atención sanitaria, inserción laboral y alojamiento digno; cesar los desalojos y dar alternativas como albergues; crear oficinas de mediación para el alquiler; dotar de los medios necesarios a la Oficina de extranjería de Huelva para que los profesionales puedan mejorar su rendimiento en momentos álgidos de este tipo de personas en momentos álgidos del año como durante las campañas agrícolas; y la creación de un programa específico para menores.
Preocupaciones
Y es que, según ha asegurado la Mesa de la Integración, no se entiende que vayan a venir a Huelva en los próximos meses cerca de 17.000 personas contratadas en origen para la campaña agrícola y no se haya contado con estas otras que ya están en la provincia y en esta situación. Además, las entidades sociales han diagnosticado nuevos problemas en los asentamientos como la prostitución, la dependencia, el alcoholismo y los problemas de salud mental.
