Cuando Jorge Romero accedió a la Alcaldía de Los Barrios, tenía muy claro que la plantilla de trabajadores municipales estaba sobredimensionada. No le faltaba razón. Las políticas de los anteriores gobernantes habían hecho ascender la cifra a 440 trabajadores, algo insostenible para una institución como la barreña incapaz, por entonces y durante bastante tiempo después, de pagar las nóminas. Para el primer edil, se hacía imperativo reducir la plantilla, y lo cierto es que lo hizo, pero erró en el modo.
Al menos así lo aseguran, en última instancia, los tribunales. A finales de 2011, Romero negoció con los sindicatos fórmulas que incluían un ERE, con pago de indemnizaciones, que fue rechazado por los representantes de los trabajadores y la propia Junta.
El regidor, empeñado en efectuar los despidos, recurrió a la amortización de plazas por presupuesto, previo ganar un pulso político a la oposición, que llegó a plantearse una moción de censura, que afectaba a interinos no fijos y subrogados de empresas municipales. Inicialmente, eran 178 despidos, acabaron siendo 115. En febrero de 2012, estaban ya todos en la calle.
“A mí se me incluyó en ese paquete de indemnizaciones”, comenta José Antonio Ortega, exjefe de prensa del gobierno socialista de Alonso Rojas. “Lo primero que hizo cuando tomó posesión fue mandarme un papelito para irme a Obras y Servicios; denuncié y gané, me tenía que reponer en mi puesto; él dice en su libro que fui jefe de prensa por decreto, pero en realidad lo fui porque lo dijo un juez”, sentencia. En primera instancia, la justicia le daba la razón al alcalde y justificaba su proceder.
En 2013, tras el respaldo inicial del Tribunal Supremo en los recursos, el alcalde indicaba en rueda de prensa que el resultado judicial “nos viene a ratificar que cuando planteamos en su día la amortización no teníamos seguridad jurídica, pero sí indicios de que estábamos tomando una decisión ajustada a derecho”. Pero, a la vista del resultado, se equivocaba. El cambio de doctrina del Supremo, a partir de junio de 2014, dio la vuelta a la tortilla. Ahora eran los trabajadores los que ganaban los juicios y el Ayuntamiento el que los perdía. “El primero que gana en el Supremo es el mío y el resto repiten la estela de la mía”, afirma Ortega, quien ha sido despedido en dos ocasiones -porque tras ser readmitido, lo volvieron a echar- y ambos procesos siguen aún en marcha. Un grupo reducido de trabajadores, al no pedir inicialmente la nulidad de sus despidos, tuvieron que conformarse con despidos con indemnizaciones reducidas a ocho días por año.
“Las razones jurídicas de ese cambio de doctrina eran principalmente dos”, explica Ortega. “Por un lado, llega a la conclusión de que cuando amortizas una plaza incumples un contrato, porque los interinos están contratados hasta la cobertura de la plaza”, por otro que “de acuerdo con la legislación vigente y el estatuto de los trabajadores, cuando el número de afectados llega a un número determinado, se considera despido colectivo y se debe seguir el procedimiento del ERE”, menciona. Así, en los últimos tres años han sido sucesivas las sentencias desfavorables del Ayuntamiento. Romero ha señalado reiteradamente que este cambio de doctrina, al haberse aplicado de manera retroactiva, la ha perjudicado injustamente, y ello le ha llevado a presentar sucesivos recursos, incluso amparo al Tribunal Europeo, e incluso ha manifestado que quiere pedir una compensación para el Ayuntamiento como perjudicado por el cambio de doctrina. Por ahora, nada de eso ha surtido efecto.
De hecho, se ha visto recientemente en la obligación, previa negociación, de readmitir a 63 trabajadores y aprobar por pleno una partida extra de 2,1 millones de euros para el pago de las nóminas de estos readmitidos, además de afrontar, inicialmente, unos 10 millones de euros de un total de 38,5 de un fondo de ordenación para el pago de sentencias judiciales. A pesar de todo, incluso cuando las sentencias le eran desfavorables, Romero seguía defendiendo su famosa hoja de ruta afirmando, en su momento, que los despidos le habían supuesto un ahorro al Ayuntamiento de 21 millones de euros a lo largo de varios años al no tener que afrontar esas nóminas.
Por contra, el portavoz socialista Salvador Puerto afirmaba, tras la última sentencia, conocida esta misma semana, que declaraba nulos los ocho últimos despidos, que “con los más de 20 millones de gasto en abono de sentencias, finiquitos y abogados externos, además de los 15 millones gastados ya en privatizaciones y contratos de empresas para suplir el trabajo de los despedidos, esta venganza andalucista ni siquiera ha servido para ahorrar dinero al Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento intenta ahora negociar con los sindicatos un plan de ahorro y gran pacto social para salir del atolladero, advirtiendo de posibles reducciones de sueldos en el personal y otras medidas -incluso se habla de un posible nuevo ERE- en caso de no llegar a un acuerdo. Ese proceso, que Romero quería finiquitar en marzo, se estancó y aún sigue en conversaciones.
