El Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona ha impulsado la creación de 125 Viviendas de Protección Pública para favorecer el acceso a la vivienda a ciudadanos de la localidad. De esta forma, ha iniciado el trámite para la cesión de una parcela municipal en la zona de Juan Benítez, próximo al instituto Mar de Alborán.
Los terrenos, que forman parte del patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Estepona, tienen una superficie de 5.000 metros cuadrados y una edificabilidad de 10.000 metros cuadrados.
En estos momentos, se está llevando a cabo, además, la obra de urbanización de este sector, que incluye la creación de viales y la dotación de servicios de suministro.
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que con esta iniciativa "se da cumplimiento a uno de los compromisos electorales y se contribuye, asimismo, a promover el acceso a la vivienda a personas y colectivos con mayores dificultades para ello".
Asimismo, ha detallado, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento está evaluando, además, otras parcelas municipales que resulten viables para destinarlas al mismo fin.
En el proceso de licitación podrán participar una sola persona o entidad o más de una persona o entidad. La entidad que resulte adjudicataria de estos terrenos deberá ejecutar la edificación de dichas viviendas en el plazo máximo de cuatro años a contar desde la fecha de formalización de la escritura pública de adquisición de la parcela.
Posteriormente, se pondrán a la venta para que las personas que cumplan los requisitos de demandante de viviendas de esta tipología puedan acceder a ellas.
Entre las medidas sociales en materia de vivienda, cabe destacar que el equipo de gobierno creó un fondo social pionero para adecuar viviendas a vecinos con escasos recursos económicos. Con la puesta en marcha de esta medida social se favorece la solución de los problemas de salubridad, vulnerabilidad y habitabilidad de aquellos domicilios de personas con dificultades económicas.
También el Consistorio tiene una partida para Ayudas de Emergencia Social y un acuerdo con la concesionaria del servicio de agua para evitar cortes del suministro a las personas que no pueden abonar el recibo.
