El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha vuelto a insistir en que no firmó resoluciones sabiendo que eran ilegales, que no se lucró indebidamente y que no negoció con constructores los convenios urbanísticos, además de reiterar que "nadie", ni técnicos y ni notarios, le advirtió de irregularidades en lo aprobado. "No he cambiado mi discurso", ha dicho, señalando a los once años que lleva cumpliendo condenas por estas causas judiciales.
Muñoz ha declarado este lunes en el juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras, supuestamente realizadas "sin control" y directamente, utilizando dos sociedades instrumentales dependientes del Ayuntamiento; caso en el que está acusado junto a otros exresponsables municipales de Marbella y un empresario.
Según la acusación inicial del fiscal, Muñoz, junto a varios responsables municipales y el empresario acusado Alberto Piñana, "llegaron a un acuerdo para la adjudicación directa de obras municipales a Copasur en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella", utilizando dos sociedades municipales, que eran "un artificio" para dar "plena opacidad a la actividad municipal" y eludir la ley.
Muñoz ha asegurado no saber muy bien para qué servían esas dos sociedades municipales, una de gestión de contrataciones y otra de personal; apuntando que había 22 empresas de este tipo distintas. "Yo jamás tuve poder de decisión, ni nadie, en los temas de Marbella", ha dicho, reiterando que "nunca" fue responsable de obras, área que llevaba directamente el exalcalde Jesús Gil.
"No estoy echando la culpa al muerto --en referencia al fallecido Jesús Gil--, pero yo no participé", ha manifestado Muñoz, quien, aunque ha admitido que en este momento no sabía detalles concretos de las obras investigadas en esta causa, entendía que "no se cometió ninguna irregularidad por mi parte ni por nadie" y que todo se habría hecho "siguiendo el procedimiento" y según los técnicos.
Sobre el convenio de permuta de terrenos firmado con el empresario, Muñoz ha reiterado que se fiaba de los funcionarios y que si ellos decían que algo no estaba bien no se aprobaba en comisión de gobierno. "Quién era yo para poner en cuestión a un técnico, en este caso el secretario", que informó a favor del convenio, ha dicho, apuntando que el interventor, que informó en contra, "nunca" ponía reparos en la reunión sino con informes "a posteriori".
Al respecto, ha asegurado que no miente: "No me he pasado once años en la cárcel para no decir ahora la verdad"; al tiempo que ha incidido en que "no hay notario que me haya advertido de ilegalidad en Marbella" y en que su único interés para firmar el convenio era que el empresario reanudara las obras que había paralizado por falta de pago, ya que estaban en periodo electoral.
OBRAS SUPUESTAMENTE IRREGULARES
Las obras investigadas en esta causa son siete y se refieren a una guardería en San Pedro, a un centro cívico, la finalización de las obras de un mercado, el acondicionamiento de una biblioteca, que inicialmente fue adjudicada a Fergocon --por lo que ya se instruyó otra causa judicial--, obras en un colegio, una plaza y una avenida; adjudicaciones hechas, según el fiscal, "sin respetar los principios de concurrencia y publicidad, y sin tramitar expediente".
El convenio de permuta de bienes municipales, que se valoraron en 1,2 millones de euros, por algunas de dichas obras, se firmó en abril de 2003, haciendo constar que hubo un concurso según ley, cuando "la realidad fue que se hizo con una violación flagrante de la legislación administrativa" a favor de Copasur, dice el fiscal. El exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, también acusado, emitió informe favorable, habiendo uno negativo del interventor.
Por estos hechos, el fiscal acusa a Muñoz por varios delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial, solicitando la pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación especial por un periodo de seis años. Para el exsecretario municipal, la petición inicial es de cinco años de cárcel por delito continuado de falsedad.
En cuanto al empresario, se le acusa de los delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial, solicitando la pena de cinco años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo tiempo.
El fiscal acusa también al exedil responsable de Obras y los representantes de la sociedad municipal dedicada a la gestión de obras, Vicente Manciles, Antonio Calleja y Antonio José T., quienes, según la Fiscalía, tenían "pleno conocimiento" de que eran adjudicaciones "directas, sin control ni intervención previa de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados".
Asimismo, están acusado siete exediles que formaban entonces la junta de gobierno local. Estos exconcejales han llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio fiscal, expresado este lunes en la sala, que consiste en una condena por un delito de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, por el que se le impone a cada uno una pena de ocho años de inhabilitación.
