El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía anulando la suspensión de la declaración de las zonas acústicamente saturadas, ZAS, que el Ayuntamiento decretó el pasado mes de febrero en las calles Caballeros, San Pablo, Plaza Vargas y del Clavo empieza a tener sus primeras consecuencias. El Gobierno local del PSOE ya ha levantado la suspensión de dicha ejecución, que implicaba importantes restricciones en los horarios de apertura y de colocación de veladores de los negocios de copas de estos puntos, mediante una resolución que ya ha notificado a las partes afectadas, es decir, vecinos por un lado, y hosteleros, por otro. Tras dicha resolución, las limitaciones que supone la reactivación de las zonas ZAS entrarán en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que con toda probabilidad se hará efectiva después de las fiestas, en el plazo de un mes aproximadamente.
A partir de ahí, atendiendo a que el plazo natural de la designación de las zonas ZAS es de un año, y el Ayuntamiento interrumpió este periodo, levantándola en febrero, las calles y plazas a las que afecta el área de influencia de las ZAS deberán pasar cinco meses (los restantes desde su entrada en vigor en julio de 2017), sujetos a las limitaciones que se derivan del decreto 6/2012 de 17 de enero, por el que se regula el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. Se trata de la normativa en la que en su momento se amparó el Gobierno local del PSOE para designar a los mencionados enclaves zonas acústicamente saturadas. Una declaración que también prohíbe la apertura de nuevos locales con esa misma actividad. Una vez transcurridos esos cinco meses, las nuevas mediciones acústicas que se realicen determinarán si se renueva o no la declaración de zonas ZAS para estos puntos.
Un recurso en el juzgado El informe emitido por el Consejo Consultivo ha reabierto un conflicto entre vecinos y hosteleros que lleva meses encallado y del que todavía pueden escribirse muchos capítulos a juzgar por las distintas reacciones de ambas partes. De hecho, a raíz de conocerse el dictamen, en la Asociación de Vecinos del Centro Histórico han desvelado que desde septiembre tenían presentado un recurso en el contencioso-administrativo contra esta suspensión, que ahora van a retirar, y han amenazado con llevar al Ayuntamiento a los juzgados por la vía de lo penal si no cumple con el dictamen. En Asunico, por su parte, se muestran cautos y dejan claro que respetarán la ley.
