La Guardia Civil ha levantado acta de infracción a la empresa de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Olula del Río (Almería) para la que trabaja el operario que difundió un video en redes sociales en el que se le podía ver lanzando un frigorífico por una ladera en un monte público de la Comarca del Almanzora.
Los agentes de la Policía Judicial continúan, además, la investigación para determinar si la mercantil podría haber estado incurriendo a lo largo de los últimos diez años en un presunto delito medioambiental, según ha informado la Comandancia.
La actuación se inició a raíz de la la aparición en redes sociales de un video en el que se observa el lanzamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por la ladera de una montaña por parte de una persona al lado de un furgoneta.
Tras identificar con rapidez al trabajador y el vehículo como de la empresa en la que trabaja realizando labores de distribución de electrodomésticos, los agentes comprobaron que los electrodomésticos ya habían sido retirados del medio natural.
Por otro lado, realizaron una inspección en la empresa ubicada en Olula del Río y comprobaron como aproximadamente unas 50 lavadoras se encontraban almacenadas en el patio exterior de un almacén entre vegetación seca, así como unos 20 frigoríficos bajo techo, todos sin haber sido eliminados.
Los agentes constataron, asimismo, como en el interior de la empresa no existía ningún contenedor para depositar electrodomésticos. Los propietarios no fueron capaces de aportar ningún justificante de entrega de residuos a un gestor autorizado durante diez años de actividad.
Por todo ello los agentes levantaron acta informando tanto a la persona que lanzó el electrodoméstico por la ladera de la montaña como al propietario de la empresa de que se remitirán las actuaciones a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería por incumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos.
Los agentes de la Guardia Civil continúan su investigación al objeto de determinar si se estuviera ante un delito medioambiental recogido en los artículos 325 o 326 del código penal, actuación integral en vía administrativa y penal que realizan los agentes como Policía Judicial Específica Medioambiental.
